LAS VERDADES QUE BOGOTÁ PRETENDE OCULTAR |
| Viernes, 04 de Septiembre de 2015 |
Respecto a la situación conflictiva en la frontera con Colombia, es necesario apartar elementos subjetivos y entender las reales, históricas y profundas causas que dan origen a los graves y acumulados procesos de empobrecimiento de millones de ciudadanos colombianos y las consecuencias que por décadas ha debido afrontar el estado venezolano.
Los DDHH son respetados por el Gobierno venezolano. A los deportados, un mil ochenta y ocho en total, se les ha tratado con las más amplias consideraciones asumidas en nuestros compromisos con la comunidad internacional y con el estado y pueblo colombiano. Más de trescientos de esos ciudadanos han manifestado en nuestro Consulado en Cúcuta retornar a Venezuela y regularizar su permanencia. Otros centenares de ciudadanos, miles, según pregona el gobierno colombiano y la prensa xenófoba bogotana; más no certificadas tales cifras por algún organismo internacional creíble, han optado por abandonar el país por pasos fronterizos ilegales sin acudir las instancias consulares como hubiese deseado el Gobierno.
Estos migrantes en situación de ilegalidad aducen su nacionalidad colombiana pero se resisten a presentar documentos de identidad. El gobierno venezolano entiende que tal negativa obedece al temor de ser deportados lo que impediría en dos años regresar a Venezuela, a la vez, centenares de ellos niegan identificarse por temor a represalias por grupos paramilitares, y en muchos casos, temor ante el Ejército y la Policía Nacional colombiana
A este último grupo no se le ha presionado ni perseguido como obcecadamente manifiestan medios de comunicación colombianos. Es falso lo afirmado por el Presidente Santos acerca de que “miles” de familia han quedado separadas. No ha recibido el Gobierno venezolano denuncias al respecto; la prensa internacional no ha encontrado ningún caso al respecto. Todo el escándalo se ha quedado en las pantallas de TV y xenófobos titulares en la prensa neogranadina. (Ver anexos beneficios en asistencial social y económica a colombianos en Venezuela).
Oculta el Presidente Santos a la opinión pública internacional que según información de las propias autoridades colombianas, más de 5 mil niños, entre 5 y 17 años participan de las acciones delictivas de contrabando a vista de cualquier ciudadano que transite las calles en Cúcuta. Los niños y ciudadanos colombianos son sometidos por su propio gobierno a exponer sus vida por las descomunales cantidades de combustibles peligrosamente inflamables que se avistan en las más céntricas calles y avenidas de Cúcuta, acción legalizada por leyes internas. (Ver fotografías anexas)
Es de destacar que solo en un estado (Táchira) se ha procedido a aplicar un estado de excepción dada la magnitud e intensidad de acciones paramilitares provenientes de territorio colombiano. Así mismo significamos que de los siete pasos fronterizos legales, tres permanecen abiertos y en completa normalidad, aún cuando en esas regiones continúan ejecutándose los delitos ya conocidos. No descarta el Gobierno venezolano aplicar iguales medidas en otras regiones dado que en la última semana se ha incrementado el delito en el estado Zulia. Ciudadanos colombianos que, respetando estrictamente nuestras leyes y asumiendo el más acendrado espíritu de hermandad bolivariana pueden hacer uso de sus derechos a migrar o desplazarse a Venezuela, nada lo impide. Las autoridades migratorias siguen dando curso a las miles de solicitudes de regularización.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente el fallido y sostenido intento de confundir y tratar de desplazar el foco de atención de la responsabilidad internacional del Gobierno de la República de Colombia, insinuando en sus comunicados concurrentemente emitidos desde la Presidencia de la República, Ministerio del Interior y la Cancillería colombiana. Clamamos desde Venezuela por la debida atención que el Estado colombiano debe asumir con sus conciudadanos a fin de detener las graves acciones de grupos armados originados en Colombia conocidos como “paramilitares” y demás bandas delictivas violentas, que actúan en las inmediaciones de la frontera común y, atentan contra los derechos humanos de la población venezolana y colombiana asentada en nuestros territorios y sus derechos soberanos.
Venezuela reitera que siempre agradecerá la voluntad de cooperación de Colombia para atender y resolver las demandas y requerimientos de nuestros pueblos, así como concuerda con que esta situación no debe ser utilizada para ninguna finalidad relacionada con cuestiones electorales en ninguno de los dos países. De hecho, procesos de regularización han ocurrido en décadas anteriores. Solo en la última década a más de quinientos mil ciudadanos colombianos se les ha regularizado su permanencia, incluso, habiendo ingresado la mayoría de ellos ilegalmente.
Es irracional e inamistosa la decisión del gobierno colombiano de no permitir que UNASUR asuma acciones de solución. También el rechazo del Presidente Santos a reunirse con el Presidente Maduro para, entre ambos gobiernos atender los graves y crecientes problemas históricamente originados en Colombia. El contrabando de extracción hacia ese país afecta gravemente a Venezuela y los derechos humanos de sus habitantes, entre los cuales se encuentran más de cinco millones y medio de colombianos que han migrado a Venezuela por elección propia huyendo de las difíciles condiciones históricas determinadas por la conflictividad interna, confiscación compulsiva de tierras a campesinos; fumigación con Glifosato envenenando a seres humanos, tierras aguas, animales y plantas; situación de precariedad económica y social; o por las crisis humanitarias de desplazamientos humanos de ese país hacia nuestro territorio.
No son miles, son millones de colombianos a quienes Venezuela ha acogido con la mayor solidaridad y protección. Cuestión harto conocida y reconocida por la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU (ACNUR). Naciones Unidas en su informe de 2015, ubica a Colombia como el país con la segundo mayor cantidad de desplazamiento forzado en el mundo. Millones han sido obligados a abandonar sus tierras y viviendas en los últimos 5 años. De ellos, más de 200 mil han ingresado a Venezuela.
En esa misma medida, Venezuela recalca que si bien conserva la esperanza en que el Gobierno colombiano, esta vez y permanentemente cumpla con sus responsabilidades y compromisos, a la vez, le insta a considerar que la mejor forma de sortear las dificultades, es atendiéndolas en su orígenes y causas. Extraña entonces, el ocultamiento de su tremenda responsabilidad mediante una impostura que pretende sustituir mediáticamente la gravedad de la situación histórica arrastrada por una presunta crisis humanitaria construida por la misma retórica que exige “se respete la integridad y derechos humanos de ciudadanos colombianos…”, con lo cual se revela el maniqueísmo y la pobreza argumental de un Estado al cual le ha llegado el momento de rendir cuentas a sus ciudadanos y a los venezolanos sufrientes de males importados.
La verdad es que Venezuela, no sólo ha cooperado de forma consecuente e infinita con el Estado colombiano y con su pueblo, tal y como narra la evidencia histórica de centenares de tratados de cooperación o la fraterna acogida a los más de cinco millones y medio de ciudadanos colombianos que residen en el país, (Venezuela acoge a más de siete millones de extranjeros), sino que además, nuestra posición integracionista solidariamente sostenida, ha sido mal interpretada o incluso, ilícitamente aprovechada por élites neogranadinas con oscuros intereses para abusar o permitir el abuso sistemático contra los derechos de nuestro pueblo, de su integridad y al disfrute libre y soberano de sus demandas sociales y económicas. (Fotografías de aglomeraciones en estaciones de combustibles en Cúcuta anexas)
También desdice de la debida atención a problemas originados en ese país por la indiferencia, cuando no, actitudes más comprometedoras que han resultado en grave y abierta violación a los derechos del pueblo de Venezuela, actitud de las administraciones de Colombia caracterizada por desamparo y permisividad con el violento y descomunal contrabando de extracción a todas las escalas posibles, que despoja al pueblo venezolano –incluidos los colombianos residentes- de alimentos, medicinas y toda clase de bienes propios, como vehículos, combustible, energía, que para colmo, es atizado por la incursión violenta de los grupos paramilitares provenientes de ese país que sin control de ese Estado, violentan la frontera común lesionando gravemente los derechos de la población fronteriza y su desarrollo humano en paz. Autoridades colombianas han reconocido que al menos 4 millones de humildes colombianos se alimentan gracias al contrabando.
El Gobierno bolivariano espera actitudes positivas y resolutivas del Gobierno Colombiano, accione a las que se ha comprometido en innumerables ocasiones que ya hacen casi inútiles decenas de reuniones y acuerdos. Es deber constitucional tutelar los derechos de los venezolanos. Por ello, se vio precisado a promulgar el Estado de Excepción en específicos municipios, así como el cierre provisional de una parte de la frontera, para confrontar la amenazante embestida violenta de los grupos paramilitares y la articulación de atentados socioeconómicos de extracción de alimentos, medicinas, combustibles y bienes, que ha alcanzado hasta la extracción exponencial de la moneda venezolana aprovechándose criminalmente las ventajas de su valor de cambio para la adquisición de bienes esenciales a muy bajos precios dispuestos con el mayor esfuerzo del Estado venezolano para garantizar la alimentación y bienestar de nuestro pueblo. (Ver cuerpo legal colombiano fomentador del contrabando, anexo)
Venezuela reitera que su solidaridad internacional no ha tenido límites, ni menos los tendrá con el pueblo colombiano, de modo que ese Gobierno no podrá por ignorancia, ni por confusión, ni por otros intereses, ocultar la vocación venezolana de franca acogida histórica con la inmigración colombiana, ni los programas de protección de los desplazados de la violencia de ese país, tal y como lo ha establecido la ACNUR, prestados eficazmente por años a millones de colombianos desplazados de su propio país con ocasión del conflicto armado interno que ha sufrido Colombia por décadas. Tómese debida nota de que los millones de desplazados son provenientes de todo el territorio colombiano y no solo de zonas fronterizas.
Pero a la vez, dejamos claramente sentado que de modo alguno se aceptará la manipulación que persigue perpetuar la zona de confort del Gobierno colombiano, lograda a partir del desentendimiento de las soluciones, cuando no del desplazamiento de sus responsabilidades y problemas sociales mediante el abuso de la hospitalidad y fraterna apertura de Venezuela, mucho menos aún, su indiferencia e ineficacia en el resguardo de la frontera para evitar tan grave embestida de la violencia paramilitar al suelo venezolano.
Al efecto, Venezuela pide a Colombia absoluta congruencia con sus compromisos y le recuerda que el sentido de responsabilidad de cada Estado genera la obligación de reparar íntegramente los daños por las pérdidas y lesiones causadas derivadas de la falta de atención de sus deberes en el marco a la comunidad internacional, tal y como ha quedado jurídicamente establecido, acerca de la responsabilidad del Estado colombiano por omisión o comisión, frente a grupos armados que operan sin control ni ser perseguidos sostenidamente por las entidades oficiales socavando la seguridad y la paz. Baste recordar el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1991, sobre la matanza perpetrada en la región colombiana de Riofrío, en la que se estableció la responsabilidad de ese Estado debido a que tan grave violación de los derechos humanos fue realizada por fuerzas paramilitares coordinados por agentes de esa nacionalidad.
Venezuela le reitera nuevamente al Gobierno de Colombia que las medidas soberanas en marcha son consustanciales al cumplimiento de los protocolos legales y constitucionales para los derechos de todas las personas y más aún, en el caso de los ciudadanos colombianos que por años han mostrado signos de desatención oficial por parte del gobierno de su propio país. No obstante, debe quedar muy claro que aún en el marco de la fraterna hospitalidad venezolana, NO cederá en exigir reciprocidad a Bogotá.
Las realidades no pueden ocultarse tras el pretendido deslizamiento de responsabilidades hacia otros estados soberanos. Así entonces le invita a tomar, muy en serio, los graves problemas de desatención de su población que debería enfrentar con encomiable disposición y entrega, asegurando que las acciones delincuenciales que han traspasando hacia países vecinos, sean prevenidos y eficazmente controlados.
Venezuela exige al Gobierno de la hermana República de Colombia, que además de los delitos transfronterizos de secuestro, sicariato, narcotráfico, extorsión y homicidios, atienda a la vez, la gravedad de la escalada del contrabando de extracción de inconmensurables cantidades de alimentos y medicinas, entre otros bienes, hecho ilícitos amparados por recientes leyes, entre ellas algunas, arteramente con efectos económicos y financieros exclusivos para la frontera con Venezuela.
También al amparo legal del Estado colombiano se dispara abiertamente contra nuestra moneda nacional a los fines de debilitar nuestra economía con un tenebroso plan asumido por el estamento legal. Si estima clamar por los derechos de los colombianos, considere también a los más de cinco millones acogidos en Venezuela a quienes también perjudican estas ilicitudes y delitos financieros, así como al respeto que ese Gobierno sí o sí, le debe a los derechos humanos de todos los habitantes de Venezuela.
Exigimos relaciones en un marco de respeto y a un cambio radical en el equivocado y extraviado enfoque del estado colombiano en sus relaciones con nuestras instituciones. Por ello esperamos que, tal como se ha comprometido el Presidente Santos, se haga una urgente y sincera revisión de leyes que en materia económica evidentemente fueron elaboradas con saña y con objetivos demostrablemente prejuiciosos a la economía venezolana. Si no hay rectificación no habrá entonces forma de que se recompongan las relaciones.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela espera del Gobierno de la República de Colombia que se centre en considerar y cumplir sinceramente con sus compromisos con los derechos humanos e internacionales mediante un profundo proceso de evaluación de esta realidad y ofrezca un plan de trabajo acucioso, factible, creíble y estructurado para acometer de manera inmediata y sin dilaciones los gravísimos problemas referidos y que definitivamente fructifique el mayor entendimiento en el manejo de la solución más constructiva.
Si no está dispuesto el Gobierno colombiano a afrontar con sindéresis y asumida responsabilidad, no procederá la apertura de los cuatro pasos fronterizos hoy interdictados, antes por el contrario, si se agravan los problemas en otras regiones; por respeto a nuestro pueblo, nos veremos obligados a la ampliación de nuevas medidas en otros pasos fronterizos, puesto que en ciudades fronterizas venezolanas como San Antonio del Táchira y San Cristóbal han desaparecido las desesperantes y vejatorias aglomeraciones de venezolanos que buscan alimentos, medicamentos y combustibles.
Entendemos cabalmente las pérdidas económicas y políticas que nuestra determinación y firmeza causa a las élites bogotanas que han hecho de la frontera un coto beneficioso a sus intereses familiares, pero el Gobierno venezolano cumple y seguirá cumpliendo estrictamente con sus deberes, éticos, morales y políticos para con el pueblo.
Consideramos válidas y oportunas las declaraciones de la Canciller Holguín quien ha reconocido buena parte de los problemas y sus causas. Es llamativo así mismo lo expresado por el alcalde de Cúcuta quien ha manifestado “…los deportados no pueden quedarse en Cúcuta….no tenemos nada que ofrecerles…”, cabe preguntar al Gobierno: ¿es que el Estado colombiano no tiene nada que ofrecer para aliviar el sufrimiento a sus conciudadanos?.
Por tanto, contradice el más mínimo principio de buena fe, vecindad y cooperación, que el Presidente Santos, de repente, olvide esta cruda realidad propiciada, aupada o no controlada desde allá, así como la historia de reconocida solidaridad venezolana. Con lo que se pretende ocultar la comprobada irresponsabilidad de los gobiernos colombianos en la desatención, cuando no connivencia oficial, en la tremenda crisis humanitaria, que Venezuela ha contribuido eficazmente a atenuar por décadas.
Asimismo, ofenden sus declaraciones acompasadas en el foro realizado en Bogotá con el club de Madrid, propuesto para que un grupo ex Presidentes con intereses empresariales privados y modalidades muy particulares de injerencismo contra el orden constitucional venezolano, ataquen a nuestro legítimo Gobierno al amparo y con el descarado apoyo gubernamental de ese país.
Venezuela rechaza y deplora sin ambages la direccionalidad de las acciones y declaraciones del Presidente Santos que se contradicen entre sí, desaniman las iniciativas y revelan que en realidad poco le importa avanzar hacia una solución integral que reconstituya la frontera en los términos constitucionales y socioproductivos, con respeto a los derechos, seguridad y paz que postula Venezuela y merecen ambos pueblos. Denunciamos la falta de seriedad y uso de obstáculos retóricos y mediáticos al propósito del diálogo constructivo enarbolado por declaraciones, que a todas luces, pretenden deslizar hacia el lado venezolano la reconocida responsabilidad del Estado colombiano en las causas y daños que han lesionado los derechos de Venezuela y de su pueblo, cuando lo mínimo esperado hubiere sido la reciprocidad y hermandad latinoamericana.Aún así, el gobierno y pueblo venezolano muestra su más amplia vocación a asumir con nuestra histórica y demostrada disposición a cooperar y paliar en buena parte los sufrimientos del pueblo colombiano pero sin que haya infundadas y equívocas pretensiones en Bogotá de confundir o hacer confundir en ámbitos internacionales. Es fraternidad, no es debilidad.
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