En fotos, estatuas vivientes en La Habana Vieja.
Bajo el intenso calor, el paisaje colonial de la Habana Vieja se enriquece con las estatuas vivientes, cctores cuyo teatro son las calles e interpretan a estrafalarios personajes, que pueden ir desde un cansado campesino hasta un pirata amenazante. Todo un arte que despierta la curiosidad o el susto de los visitantes. Cubadebate les ofrece a sus lectores una galería de fotos sobre estos peculiares y nuevos habaneros.
jueves, 16 de agosto de 2012
sábado, 23 de junio de 2012
2.000 asociaciones de 152 países trabajan en la solidaridad con Cuba
Invitada por la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí con motivo de su 25 aniversario, la presidenta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Kenia Serrano, ha visitado Valencia para impartir una conferencia sobre Cuba y la solidaridad internacionalista. Serrano ha resaltado la colaboración entre el instituto y la amplia red de asociaciones –más de 2.000 en 152 países- que por todo el mundo hacen visible su solidaridad y amistad con Cuba.
El 30 de diciembre de 1960, la recién victoriosa revolución cubana crea el ICAP. ¿Cómo ha evolucionado el instituto desde entonces?
Durante todo este tiempo el objetivo principal ha sido dar y recibir la solidaridad de todos los pueblos del mundo, es decir, compartir los valores de la revolución cubana. Antes de los 90, predominaba la solidaridad con los países del campo socialista, aunque no exclusivamente. Fueron muy importantes, por ejemplo, las misiones civiles y militares en Angola, Etiopía, Namibia y la oposición al apartheid en Sudáfrica. En 1961, con motivo del ataque a Playa Girón, y en octubre de 1962, con la crisis de los misiles, nacen muchas asociaciones de amistad con Cuba en Europa, por ejemplo en Italia y Francia.
Citas una segunda etapa, a partir de la década de los 90 del siglo XX
De hecho, partir de los 90, ya en un mundo unipolar, se incrementa la solidaridad con la isla. Hoy, trabajan más de 2.000 asociaciones de amistad con la revolución cubana de 152 países. A ellos se suman los cubanos que viven en estos países, y que son elementos activos y muy significativos de la solidaridad. Con todos estos apoyos, el ICAP trabaja actualmente en cuatro frentes: la lucha contra el bloqueo; las campañas por la liberación de los Cinco presos en Estados Unidos; desmontar las mentiras mediáticas sobre Cuba y la batalla contra la “Posición Común” europea.
Cuba aporta y recibe la solidaridad internacionalista. ¿Con qué países y en qué sectores?
25.000 jóvenes de 120 países cursan estudios universitarios con becas gratuitas que ofrece el gobierno cubano. Además, Cuba coopera con 67 países del mundo aportando el trabajo de 50.000 profesionales (sobre todo, de la salud). El primer país receptor de esta ayuda solidaria es Venezuela, porque su modelo socioeconómico favorece esta cooperación. En sentido contrario, Cuba recibe esencialmente el trabajo de las brigadas internacionales que llegan continuamente a la isla. ....
viernes, 22 de junio de 2012
Falleció Roberto González Sehwerert, hermano de René.
Santiago
de Cuba, viernes 22 de Junio de 2012, CMKC-PL.- Roberto González,
miembro del equipo legal de los cinco antiterroristas cubanos
encarcelados en Estados Unidos en 1998 y hermano de uno de ellos, René
González, falleció hoy víctima de cáncer, reporta desde la capital
cubana la Agencia Prensa Latina.
miércoles, 20 de junio de 2012
Talleres Agrupación Tarapacá. Gratuitos.
Lapidario informe parlamentario: Mineduc lleva décadas sin fiscalizar la educación superior
Lapidario
informe parlamentario: Mineduc lleva décadas sin fiscalizar la educación
superior
La
Comisión Investigadora
de la Cámara
de Diputados que fiscaliza el lucro en la educación superior ya tiene listo su
informe final. CIPER accedió a las conclusiones del documento, donde los
parlamentarios acusan que el Mineduc pasó décadas sin fiscalizar a las
universidades “quebrantando con ello la fe pública en el Estado como garante de
una educación de calidad para sus ciudadanos”. El reporte agrega: “analizados
todos los antecedentes, esta Comisión concluye que no sólo existe lucro en la
educación superior, sino que además, todo el marco normativo que regula el
sistema no funciona”.
No
solo hay universidades que demostradamente lucran; tan importante como eso es
que ese lucro se ha hecho y se hace gracias a que el aparato fiscal renunció a
fiscalizar y a hacer cumplir la ley que expresamente lo prohíbe. Estas son las
dos principales acusaciones que contiene el informe que la Comisión Investigadora
de la Cámara
de Diputados sobre el “Funcionamiento de la Educación Superior”,
presidida por la diputada Alejandra Sepúlveda, preparó luego de 24 sesiones y
después de recibir –desde su creación en agosto de 2011– a más de 70 invitados
entre los que no se contó ninguna universidad privada, no porque no las hayan
invitado, sino que porque prefirieron no participar.
El
informe, que será dado a conocer en las próximas horas y cuyas conclusiones
CIPER adelanta en este artículo (ver conclusiones de los parlamentarios),
recoge los casos de la venta a inversionistas internacionales de las
universidades Las Américas, Andrés Bello, Viña del Mar, Santo Tomás y Uniacc.
El documento también describe las estructuras societarias que hay detrás de la Universidad del
Desarrollo y la
Universidad del Mar, explicando que se trata de una
arquitectura de “sociedades espejo” a través de las cuales se puede trasgredir
la prohibición expresa de que las universidades no deben lucrar.
Junto
con eso, la Comisión
acusa la indolencia con que ha actuado el Fisco frente al negocio de las
instituciones de educación superior. Esta “industria”, como la llama el
informe, funciona “cuasi totalmente desregulada” y tuvo en 2009 “un volumen de
negocio del orden de 2,4% del PIB ($2,4 billones, de los cuales las familias
financiaron $1,6 billones)”.
La
desregulación de la industria, señalan los diputados, se debe esencialmente a
la desaparición del Fisco como ente fiscalizador. La Comisión precisa que
durante los 30 años que lleva de existencia el sistema de educación superior
privado, ni el Ministerio de Educación ni la División Superior
de Educación ni la
Comisión Nacional de Acreditación han realizado “alguna
fiscalización, auditoría o simple revisión en orden a determinar la existencia
de fines de lucro en alguna de las instituciones que han lucrado con ventas
millonarias o bien han dado a conocer lo ventajoso del negocio de la educación
superior a través de estudios académicos, publicaciones y reportajes de
investigación”.
En
ese punto el informe se refiere, entre otros casos, a dos ventas de
universidades que se difundieron públicamente: la compra que hizo en 2000 la
empresa norteamericana Sylvan International Universities que adquirió la Universidad de Las
Américas (UDLA) en US$ 26 millones; y la compra que la misma Sylvan – hoy se
llama Laureate International- hizo en 2003, al adquirir el 80% de la Universidad Nacional
Andrés Bello (UNAB) en US$ 37 millones.
Ambas
transacciones fueron comentadas en los medios de comunicación y Laureate las
describió como “compras” y “adquisiciones” en sus informes ante la Securities and Exchange
Commission de los Estados Unidos, la agencia que tiene la responsabilidad
principal de regular y hacer cumplir las leyes federales de valores (vea el
reporte de Sylvan por la compra de UDLA en la página 17 y la compra de la UNAB en la página 49).
Ambos
reportes han estado disponibles en la web, sin que el Ministerio de Educación,
durante casi una década los haya mirado para pedir explicaciones respecto a
cómo se vende y genera utilidades algo que según la ley no tiene lucro.
¿POR
QUÉ NO INVESTIGARON?
En
un reportaje de agosto de 2011 CIPER consultó a cuatro ex ministros de
Educación de los gobiernos de la Concertación que estuvieron en ejercicio cuando
estos balances estaban disponibles. ¿Por qué no investigaron?
Mariana
Aylwin, ministra entre el año 2000 y 2003, señaló: “No es que no hayamos sabido
que eso existió, yo creo que todos saben que existió, lo que pasa es que se
ajustaba a la ley. Además, la información que llega al Ministerio se refiere a
los cambios de estatutos, y aquí lo que hubo fue un cambio de socios. Y no hay
en la legislación vigente la obligación de que se informe eso al ministerio. Es
un tema muy difícil de fiscalizar, porque en rigor los traspasos que se
hicieron cumplieron con la ley. No hubo retiro de excedentes sino que hubo
cambio de socios, y la verdad es que en ese momento nuestra preocupación
fundamental tenía que ver con crear un sistema de acreditación que resguardara
la calidad”.
Sergio
Bitar, jefe de la cartera entre el 2003 y 2005, afirmó: “En los análisis que
hicimos no había forma legal de contener aquello. Hice varias denuncias
públicas que había que detener esto porque estaba violando el espíritu de la
ley. Incluso en un momento pensamos en hacer alguna acción judicial. Pero en
ese tiempo la preocupación era la ley de acreditación de calidad y ampliar el
acceso de los jóvenes a las universidades”. Y concluye: “No había bases legales
para poder actuar, no había mucho sustento si no cambiábamos las leyes.”
Martín
Zilic, quien asumió el 11 de marzo de 2006 y solo estuvo cuatro meses en el
cargo, dijo que se reunió con todos los rectores de las universidades privadas
para explicarles que “había que hacer un cambio de la legislación, porque hoy
se estaba torciendo y trasgrediendo la ley en una forma legal. Hoy día sigue
así. Esto no sólo le compete al ministerio, cualquier persona podría haber ido
a los tribunales de justicia y haber dicho ‘mire sabe que…’ El problema es que
la forma como se hace está muy bien pensada para evadir la ley”.
Yasna
Provoste, quien estuvo dos años en esa cartera desde 2006, comentó: “Lo más
probable es que esto haya quedado radicado en la División de Educación Superior
y por lo menos a mí en ese momento no se me comentó nada. Además, durante mi
período nosotros estuvimos radicados una buena parte de nuestro tiempo a la
reforma legislativa en el Parlamento, producto de la derogación de la LOCE, entonces yo por lo menos
no tuve conocimiento. Ni el jefe de la División de Educación Superior ni la
subsecretaria me informaron porque tú comprenderás que el ministro no está
viendo por Internet las cosas. No son esos sus canales de información
habituales”.
Las
explicaciones de los ministros son enfrentadas y contradichas por el informe de
la comisión parlamentaria que insiste en que existan normas para fiscalizar el
lucro y que esa responsabilidad recaía sobre los ministros de educación. “En
opinión de la Contraloría
y del ministerio de Justicia y de esta comisión investigadora corresponde al
Mineduc ejercer este control”, dice el informe.
Pero
el reclamo parlamentario no se detiene ahí: también se afirma que el Mineduc
falló en exigir antecedentes a las instituciones para la transparencia del
sistema. “El Mineduc no ha ejercido sus funciones legales en relación a
solicitar, entre otros, los antecedentes a las instituciones de educación
superior que deben entregar para la transparencia del sistema, por ejemplo,
respecto a los conflictos de interés existentes y denunciados de los miembros
de la Comisión
Nacional de Acreditación, de las agencias acreditadoras, de
la omisión de antecedentes de las dotaciones académicas, de sus recursos
financieros, de infraestructura, de sus balances o de cuestiones relativas a
publicidad engañosa”.
Los
diputados agregan en su informe: “Esta Comisión Investigadora, una vez
analizados los antecedentes y escuchados los planteamientos del Contralor
General de la República,
al Ministro de Justicia así como expertos en la materia, se formó la convicción
que conforme a la ley y normativa vigente, es responsabilidad del Ministerio de
Educación garantizar el correcto funcionamiento del sistema de educación
superior en Chile, responsabilidad que no ha ejercido quebrantando con ello la
fe pública en el sistema de educación superior y en el Estado como garante de
una educación de calidad para sus ciudadanos y ciudadanas”.
LAS
CRÍTICAS AL DISEÑO DEL SISTEMA
El
abandono de las facultades fiscalizadoras produjo que se viera frustrada una
gran oportunidad para el país. Según describe el informe, mientras se producía
una “formidable expansión virtual de la universalización de la cobertura de la
educación superior…” también creció el número de jóvenes endeudados “con
títulos universitarios de muy bajo valor en el mercado laboral que no logran
compensar el esfuerzo realizado hipotecando así la vida laboral de los jóvenes
y sus familias que apostaron por una educación superior que respondiera a una
anhelada movilidad social, lo que termina generando un sentimiento de
frustración, impotencia y rabia”.
En
las críticas al diseño general, la comisión repara también en una de las
grandes paradojas del sistema chileno: a los jóvenes pobres el Estado no les
dio una beca para estudiar, sino que optó por endeudarlos. “Las becas no son
para los alumnos que más las necesitan, pues no cumplen con las exigencias de
los 550 puntos en la PSU”.
Por ello, el 14% del primer quintil (los más pobres) acceden a la PSU mientras que el 42% de los
que tienen CAE son de ese quintil.
Esta
constatación lleva a la comisión a sostener que la vía de solución pasa por
hacer que el Estado haga su tarea. “El Estado ha tenido y tiene una
responsabilidad ineludible en la creación de un mercado de la educación
superior privada sin regulación, transgrediendo los principios de calidad,
equidad, responsabilidad, integración y transparencia, todos ellos inspiradores
del sistema educativo chileno, según la Ley General de Educación”.
Aunque
no están contenidas en el documento al que tuvo acceso CIPER, el informe de la Comisión incluye cerca de
50 propuestas para “modificar sustantivamente” el sistema de educación
superior, “de modo tal que se le pueda garantizar a todos nuestros jóvenes una
educación superior de calidad, a costos razonables de financiamiento mixto y
dónde no haya joven en Chile con capacidad y deseos de estudiar que quede fuera
del sistema por falta de recursos para ello”. El detalle de esas propuestas
debería conocerse en cuanto la
Cámara haga público el informe íntegro en las próximas horas.
El
texto cierra con una petición al gobierno que a la vez es un desafío: “Antes de
seguir con las tramitaciones de los proyectos de ley que el gobierno está
enviando a este Congreso y, a la luz de 30 años de vigencia de un sistema de
educación superior que está demostrando sus deficiencias, abusos e inequidades,
solicitamos al gobierno que suspenda la tramitación de los proyectos de ley que
están en el Congreso por un período de 60 días y que, en el mismo plazo,
entregue su posición formal a cada una de estas propuestas y toda su batería de
medidas y de proyectos de ley destinados a mejorar el sistema de educación
superior para el Chile del mañana”.
martes, 19 de junio de 2012
Detectan hoyos negros en la economía de Cuba al aplicar las reglas de mercado
Detectan hoyos negros en la economía de Cuba al aplicar las reglas de mercado
Responsabilizan a directivos, pues
Responsabilizan a directivos, pues
el dinero no es de su propiedad y no les preocupa dónde está
La Habana, 17 de junio. Al intentar la aplicación de reglas de mercado, algunas empresas estatales cubanas han tenido que pagar un costo muy alto, que incluye millones de dólares paralizados, demandas, juicios, embargo de cuentas, inventarios ociosos y quiebras virtuales, según reveló la prensa local.
Más de un año después de que el congreso del Partido Comunista confirmó el plan de reforma económica del presidente Raúl Castro, volvieron a tomar estado público algunos de loshoyos negros del sistema, esta vez para mostrar un efecto en cadena que estalló al colapsar las relaciones mercantiles entre empresas estatales....
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