lunes, 31 de agosto de 2015

Carmen Frei indignada con comandante en jefe del Ejército: ” Dichos de Oviedo son una ofensa”




A muchos llamó la atención verla junto a Verónica De Negri, madre de Rodrigo Rojas, asesinado cruelmente por la dictadura. También Carmen Gloria Quintana y otros familiares de víctimas acudieron a La Moneda. ¿Qué les diría?

En materia de DDHH no hay colores políticos, hay solamente dolor. Cuando ocurrió el crimen de Rodrigo Rojas y la casi muerte de Carmen Gloria Quintana, a quienes quemaron vivos, y estuve con Verónica (De Negri) cuyo esposo trabajaba en el Ministerio del Interior en la época de mi padre, era democratacristiano, así que la conocía y la acompañé en esos momentos. Luego con Carmen Gloria (Quintana) me tocó estar en Canadá con ella, así que cuando me invitaron a ir con ellas a La Moneda, para mí fue realmente un honor poderlas acompañar, porque personas que han sufrido tanto y a pesar de todo impacta verlas sin deseo de venganza, sin odios, sino que con una reflexión dolorosa pero serena.

Después me invitó la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y me impresionó que al llegar, tenían un pequeño cartel, de aquellos que se cuelgan al cuello con la foto de mi padre y que daba cuenta de su condición de víctima de la dictadura. Fue muy emocionante reconocernos en el dolor y en las ansias de justicia, ello me impactó muy positivamente, me conmovió. Y cómo no voy a estar presente con ellas si lo único que deseo y busco es que se conozca la verdHa sido un proceso muy largo, muy duro, un caminar difícil, muy solitario y hasta incomprendida. Con mi marido (el exparlamentario Eugenio Ortega), antes de fallecer iniciamos la búsqueda de la verdad que no fue fácil, hubo mucha incomprensión, incluso hubo quienes quisieron pasarme al Tribunal de Disciplina de mi partido por afirmar que mi padre había sido asesinado, por eso me alegro que mi partido por fin me reconozca y me haya invitado al Consejo Nacional para que relate qué sucedió con mi padre, que por lo demás es el líder máximo de la colectividad.

El Consejo Nacional de la DC llamó a aclarar su muerte…

En todos los discursos de la DC nombran siempre a mi padre, para ellos es una figura, pero también tienen que compartir su muerte y eso me parece de justicia para él, no para mí, pues lo único que quiero saber es la verdad.

Ahora estamos en un proceso muy avanzado, ahora estamos en un proceso muy avanzado de un trabajo muy acucioso del Juez Madrid y estamos haciendo un esfuerzo como familia, lo hizo mi marido y hoy lo hacen mi hijo, mis hijas, como familia. Estamos tranquilos pues el juez ha probado que mi padre fue asesinado y el proceso que viene se ve más claro, hay seis procesados y estamos ya en la etapa final y ahora esperamos que por fin el Ejército entregue lo que ellos tienen y sepamos la verdad de todo lo que pasó.
Estamos en la etapa de la verdad, pero aún pareciera que hay mucha información que no se ha develado, tanto por parte del Ejército como de la Universidad Católica. De hecho el comandante en jefe del Ejército ha pedido a la familia que le entregue los antecedentes de que ustedes disponen y los ha invitado a conversar, ¿qué le parece ese gesto?
Para el Ejército nuestra posición es muy clara, exigimos que entreguen los documentos que ellos tienen de todos los seguimientos, las escuchas telefónicas, del par de atentados que tuvo mi papá antes de que lo asesinaran, como sucedió, y les exigimos que entreguen una carpeta investigativa que ellos tienen de mi padre, eso es lo que exigimos. Yo no estoy para que, tal como el comandante en jefe ha invitado, a la familia a una visita de cortesía, nosotros le entregamos al Ejército hace un tiempo atrás una minuta con todo lo que nosotros queremos que se establezca, nosotros sabemos a través del juicio que hay microfilmaciones que al menos hasta el años 2005-2006 estaban todos esos archivos.
¿Siente que sí existe por parte del Ejército ese “pacto de silencio” o de “complicidad” como han señalado muchos?
Como muy bien dijo Carmen Gloria Quintana aquí hay una política institucional del Ejército de ocultar la verdad y eso no lo podemos aceptar. Exigimos que ellos entreguen lo que corresponde, para que se sepa la verdad. De la Universidad Católica, eso es más que doloroso, pues mi padre fue el primer Presidente que salió de esa casa de estudios, premiado con el galardón máximo de su generación y ellos no han sido capaces de hacer ni siquiera un sumario interno de lo que pasó, pues no es posible que hasta hace unos muy pocos años, dos o tres, dijeron que quedaban todavía restos de las vísceras de mi padre en una caja de seguridad, eso es inaceptable. Que a lo menos pidan disculpas públicas por los horrores que cometieron.
Acaba de dictarse sentencia en el caso Berríos que involucra a personal del DINE del Ejército, la misma unidad que aparece mezclada en el magnicidio de su padre, ¿qué le parece esto?
Cuando nosotros iniciamos acciones judiciales y nos querellamos, entramos a descubrir la verdad a propósito de la causa de Berríos, nosotros somos parte del caso Berríos. Luego que avanzó la investigación del juez Madrid, el crimen de mi padre se separó del caso Berríos, siendo íntimamente relacionado y ello porque Berríos era un genio loco que produjo las bacterias, toxinas y otros productos químicos que incluso comercializaron en el exterior. De hecho cuando el juez Madrid incautó documentos de la casa de los padres de Berríos, allí se encontró documentación referida a mi padre. Está muy unido todo, es más, la persona que saca a Berríos de Chile y lo lleva hasta Uruguay, es (el exagente de la CNI y DINE Raúl) Lillo, que ahora está procesado por el magnicidio.
¿Qué rol cumplió Berríos en el magnicidio de su padre, aparte de elaborar las toxinas?
Tal como consta del expediente, Berríos fue el que reclutó a Becerra y era a él a quien se le entregaba la información, allí hay una conexión más que directa y Berríos trabajaba con Arturo Silva (Capitán de Ejército, miembro del DINE y autor material del asesinato del químico de la DINA Eugenio Berríos, que se encuentra actualmente prófugo de la justicia), ese era el jefe de toda la operación encubierta del DINE que participó en múltiples asesinatos, no solo el de mi padre sino que además en el de Tucapel Jiménez, el del exagente Manuel Leyton, de los presos de la cárcel pública que usaron de conejillos de indias antes de matar mi padre, etcétera. El doctor Silva Garín (procesado por el homicidio de Frei Montalva) confesó en su declaración judicial, que él le reportaba casi diariamente y de manera directa el estado de mi papá al edecán de Pinochet, que no es otro que el general que se suicidó para escapar de la sentencia del caso Berríos, Hernán Ramírez Rurange, quien también era del equipo DINE que participó de esos homicidios. Son más que presunciones que se trata del mismo equipo que hizo las operaciones de Berríos, Tucapel y otras, incluidas la de mi padre. Varios médicos que trabajaban en la clínica London de la DINA también trabajaban en la clínica Santa María, cuando mataron a mi padre.
¿En concreto, solo hay cambio de rostros, pero no de actitud?
Había una política institucionalizada del Ejército para eliminar a las personas que a ellos les molestaban, tal como lo afirma Carmen Gloria Quintana, los indeseables, como los llamaban. Desgraciadamente hoy existe esa misma política pero referida a no entregar información y eso es muy grave para la convivencia de hoy y del futuro. Todos respetamos las FFAA, de eso no hay duda, pero no cabe en la cabeza que no quieran entregar lo que se sabe que tienen, por eso cuando el comandante en jefe del Ejército (general Humberto Oviedo) en la sesión en la Cámara de Diputados, señala que estaría dispuesto a recibir a la familia Frei para conversar y que nosotros le entregáramos la información de que disponemos, realmente me pareció una tomadura de pelo, sobre todo cuando todo está judicializado.
Si fueron los mismos miembros del Ejército que han confesado frente al juez, y no solo mandos subalternos, sino que también de mandos relevantes que en sus declaraciones judiciales reconocen con nombre y apellido quienes participaron, quienes microfilmaban, en qué lugares tenían los archivos secretos, cómo los cambiaron de un lugar a otro, ¡por favor…! que me diga a mí que yo entregue información, me parece una ofensa, por decir lo menos.
¿Sirve de algo el reconocimiento de “errores” que desde el Ejército se ha hecho?
El perdón a secas sin verdad, justicia, castigo y reparación, no sirve de mucho. Que reconozcan el error que cometieron en los términos que se ha hecho, no corresponde. Cuando un anterior comandante en jefe dijo “nunca más”, yo entiendo ese nunca más no es solo que jamás vuelva a ocurrir, sino que además se reconozca toda la verdad. Decir nunca más es muy fácil.

Pero a pesar que han negado que sigan en servicio activo individuos relacionados con crímenes e incluso procesados o condenados, han mentido, pues está el caso del suboficial Osvaldo Ramírez Lazcano, activo en el Ejército. Reitero, no son voladores de luces nuestras, hay confesiones de personas que fueron activos y relevantes dentro del Ejército que han reconocido al juez. Entonces, ¿por qué el Ejército se hace el sordo a eso?, me parece inconcebible. Por ello exijo la entrega de las carpetas operativas sobre mi padre.
En el país se han dictado una centena de sentencias y decenas de procesados han caído ¿qué le parece lo que pasa en Chile hoy?
Este último tiempo ha sido bien dramático, la gente está impactada por los testimonios de Carmen Gloria y tantos otros que se han dado a conocer últimamente y que quizás siempre estuvieron allí, pero la gente no los quería conocer. Estamos en un momento dramático pero importante. Llegó el momento de que si queremos sanar heridas, debemos limpiarlas y el que fue culpable, que enfrente la justicia y su conciencia, es el momento de dar vuelta la página pero de buena forma, eso no significa como aseguran algunos no seguir con el tema de DDHH pues es quedarse en el pasado, sino que por el contrario, por el bien de nuestro país, debe conocerse toda la verdad y los culpables enfrentar sus responsabilidades.
Existe en todo el país una sensación de fuerte impunidad. ¿Es tal?
No es gratis matar gente porque pensaban distinto, no es gratis haberse enriquecido o haber usufructuado de un gobierno, para luego decir que no sabían lo que pasaba. Eso no es verdad. Es bueno lo que le pasa a Chile, sobre todo para la gente joven que quiere saber la verdad completa. Nunca más es fácil decirlo, pero para eso es necesario conocer la verdad y reparar al menos en parte a tantas familias que sufrieron la pérdida de seres queridos, las torturas y la cárcel. Ninguna familia que haya sufrido, olvida, ninguna. Queremos recordar en paz, queremos confiar en nuestras instituciones, este es un problema país. Por eso es valioso el nombramiento del exministro Alejandro Solís en apoyar las causas de DDHH, sobre todo porque se trata de una persona íntegra y respetada por todos.
¿Qué le parece la justificación de la ministra de la Corte Suprema, Rosa Egnem que, por “temor reverencial”, ocultó información e incluso falsificó instrumentos, como se ha señalado, acerca del ingreso de la causa de los ejecutados de Laja?
Muchos cerraron los ojos, por miedo o conveniencia durante la dictadura. Hoy aquellos que lo hicieron deben estar enfrentando sus conciencias, pero eso no basta, cada uno debe asumir las sanciones que correspondan y por mucho miedo o ambición que tuvieran, hay que sancionar, no hay prescripción en delitos asociados a lesa humanidad y menos respecto de sumarios administrativos, el tiempo no perdona. Como mi padre siempre dijo, “la verdad tiene su hora”, esperamos que esta sea la hora en que se dé lo que Chile necesita y demanda. Y no solo acerca del caso de mi padre, sino que mientras quede una sola familia que no sepa qué sucedió con su ser querido, yo al menos no me voy a quedar tranquila y sé que mis hijos y mis nietos tampoco, no se trata de venganza ni odios, queremos justicia y verdad.

domingo, 30 de agosto de 2015

La cuenta regresiva por la presidencia de la CUT


La cuenta regresiva por la presidencia de la CUT
En agosto del próximo año, la multisindical llamará a elecciones para definir a la directiva 2016-2020. Bárbara Figueroa, Arturo Martínez, Cristián Cuevas y Nolberto Díaz son los líderes que evalúan presentarse a los comicios.
Aun año de las próximas elecciones de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), los eventuales candidatos ya comenzaron a mover sus fichas para convertirse en la apuesta segura que liderará al sindicalismo chileno en el período 2016-2020, y que será la contraparte laboral del próximo gobierno. De ahí que en el PC buscan afianzar el terreno ganado al alero de Bárbara Figueroa, la actual timonel, y en el PS se habla desde hace algún tiempo del retorno de Arturo Martínez. Ambos serían las figuras clave en la próxima elección, donde un rol determinante jugará el desenlace de la reforma laboral, que podría inclinar la balanza hacia uno u otro lado.En las próximas semanas los sindicatos afiliados a la CUT recibirán la invitación para asistir al Congreso Nacional, hito que en enero sentará las bases de las votaciones que en agosto de 2016 definirán la futura directiva.

En lo inmediato, el foco está puesto en la reforma laboral, que el 7 de septiembre podría recibir indicaciones, si la fecha no se posterga. Los esfuerzos en el proyecto por parte de la CUT están puestos en resguardar principios como el fin del reemplazo de trabajadores en huelga, dar titularidad al sindicato de los beneficios obtenidos en una negociación colectiva y la consecuente facultad para extenderlos a los trabajadores. Para algunos dirigentes, la sola instalación del debate laboral es catalogada como un triunfo, ya que aseguran que si la multisindical no hubiera presionado a la Nueva Mayoría, la reforma no hubiera sido parte del programa de gobierno. Pero también se advierte, en lo macro, que su conclusión será determinante a la hora de evaluar un posible apoyo al bloque oficialista en las próximas elecciones presidenciales de 2017.

El camino de Bárbara: En lo micro, si la reforma laboral no se modifica sustantivamente en el Senado, el año de discusión sobre la materia podría terminar siendo capitalizado por la profesora comunista. “Debemos terminar con el reemplazo de los trabajadores en huelga (...), que le quita todo el valor a esta herramienta básica y fundamental que tienen los trabajadores para poder avanzar en negociación colectiva real”, fue una de las promesas que realizó Bárbara Figueroa al asumir la presidencia de la CUT. Por ello, fuentes del comité ejecutivo aseguran que la actual presidenta de la CUT es la principal carta del PC para mantener el sillón de la multisindical. Esto, debido a la buena evaluación que tendría el partido de su militancia y de su habilidad para manejar conflictos. Lo anterior, en el escenario de que Figueroa quisiera mantenerse liderando a los trabajadores. Sin embargo, también existe la posibilidad de que quiera suceder a Jaime Gajardo en la presidencia del Colegio de Profesores, cuya elección se celebrará el próximo año.

Otra alternativa sería que ocupara su capital político para saltar a la Cámara de Diputados. Se trataría de su segunda incursión parlamentaria, luego de que en 2009 postulara a diputada por la VI Región. De ser esta su opción, y resultar reelecta en la CUT, se repetiría el escenario de 2009, cuando Arturo Martínez lanzó una campaña para diputado por el distrito Colina, Lampa, Tiltil, Pudahuel y Quilicura, mientras era presidente de la Central. Sin embargo, entre sus detractores se afirma que tras el conflicto del Colegio de Profesores y las críticas que recibió por mantener una postura que algunos calificaron como “demasiado oficialista” durante las negociaciones del primer año de gobierno, Figueroa habría quedado debilitada. “Los tonos de la discusión de la reforma dejó heridas en el sindicalismo”, comentan. De hecho, algunos afirman que en los últimos meses ha asistido con menos frecuencia a la CUT y que ha optado por salir de la primera línea de conflicto. Es ahí donde ven un espacio los otros aspirantes a la presidencia.

El retorno de Martínez: En segunda línea, pero absolutamente activo, se ha mantenido durante los últimos tres años el secretario general de la CUT, Arturo Martínez. Desde ese puesto, el histórico dirigente está impulsando desde hace algunos meses la creación de escuelas sindicales, ha explorado acercamientos con la Central Autónoma de Trabajadores (CAT) y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), tomando como bandera el tema previsional. Sus cercanos dicen que así como bajo esta administración se logró dar un paso con la reforma laboral, Martínez no quiere dejar la CUT sin haber logrado algún avance significativo en materia de pensiones. Por eso, resolvió volver a postular. “Voy a ser candidato a consejero, y el presidente lo elegirá el consejo”, se limitó a señalar al ser consultado. Aunque en la CUT lo mencionan como el próximo candidato, Martínez asegura que está buscando potenciar a dos dirigentes más jóvenes. “Arturo es el líder innato del sector, por lo que apoyaremos lo que decida”, dice un militante PS de la CUT.

Durante el último año, el ex presidente ha realizado una gira por las regiones en un esfuerzo que algunos denominan de “educación previsional” a los trabajadores. Esto, aseguran en la CUT, podría traerle réditos a la hora de los votos. Además, la problemática previsional será parte del pool de materias que probablemente abordará el oficialismo en la próxima campaña presidencial, ya que desde el gobierno sostienen que son pocas las posibilidades de avanzar en la materia entre este y el próximo año. El informe que entregará en septiembre la Comisión Bravo podría quedar como insumo para el futuro programa de gobierno de la Nueva Mayoría. Quien también es nombrado al interior de la CUT como posible candidato para liderar el período 2016-2020 es Cristián Cuevas. Eso sí, el ex presidente de la CTC estaría evaluando renunciar al PC para buscar acercamientos con movimientos como la Izquierda Ciudadana que lidera el diputado Sergio Aguiló, y la Izquierda Autónoma de Gabriel Boric, abriendo también sus opciones para lograr un asiento en la Cámara Baja. En el partido señalan que el jueves 20 de agosto, antes de viajar a España, Cuevas quedó de enviar una carta oficializando su renuncia. Ese mismo fin de semana se fue a España, desde donde volverá después de Fiestas Patrias.

Consultado respecto de una eventual postulación a la CUT, Cuevas declinó contestar. Por el lado de la DC, dirigentes señalan que Nolberto Díaz continúa siendo la figura. “Postularía de nuevo al consejo. Le tengo harto cariño a la CUT, pero nuestro empeño ha estado en la reforma más que en las candidaturas”, aseguró Díaz. En su bloque anticipan que uno de los temas que impulsarán con fuerza tras la reforma laboral será la modificación a la actual ley de subcontratación, cuestión que también es promovida en la Comisión de Trabajo por diputados de la Nueva Mayoría

Latinoamérica en su hora decisiva 20



Los países latinoamericanos viven hoy un momento que definirá su historia, al menos, por los siguientes 50 años. La continuidad de los procesos de liberación nacional y construcción de sociedades más nuestras, dependerá en gran medida de estos últimos cuatro meses de 2015. No se trata de una premonición, sino más bien de las posiciones tomadas por la agresión de la derecha continental, que son a todas luces dirigidas desde centros de inteligencia públicos y privados del imperio(muchos critican la utilización de esta palabra, pero no es posible dejarla de lado mientras el enemigo de la humanidad sea el mismo y tenga la misma predisposición frente a nosotros). Es más que evidente que llegamos a un punto en el que los procesos integracionistas se encuentran francamente a la defensiva, y, lo que es peor, sin una respuesta continental orgánica frente a la agresión que incluye una monstruosa guerra psicológica de ultima generación, que permite a las grandes máquinas propagandísticas de la derecha manipular amplios sectores de nuestras sociedades. Los medios de comunicación imponen hoy una agenda de saturación que nos identifica con hechos aislados pero no nos deja pasar a la etapa de los acontecimientos.

Casos claros de esto son los eventos que se vienen dando en Venezuela, en Ecuador, Brasil, El Salvador, y en otro sentido, en Guatemala y Honduras, los países de que, estando en control de la derecha más conservadora, están siendo utilizados para generar la impresión colectiva de que la lucha contra la corrupción es la llave hacia la felicidad de los pueblos. Esa imagen está más oculta, pero presente en los países mencionados, donde grupos de la sociedad descargan su ira irracional contra los gobiernos progresistas sin importar lo que han conquistado y lo que pueden perder. Los medios de comunicación se están comportando como un arma de guerra, en nombre de la libertad de expresión, que hoy día se ha convertido en una camisa de fuerza para evitar que los pueblos se expresen libremente. Es en el campo comunicacional donde se libra una de las batallas decisivas, pues de ellos surgen unidireccionalmente las ideas que prevalecen en los movimientos lanzados contra la izquierda continental. Parece mentira, pero incluso grupos revolucionarios caen en los discursos elaborados finamente desde la derecha.

En Venezuela la guerra contrarrevolucionaria dura ya un par de años, y ha sido escalada dramáticamente durante el 2015. Ningún país latinoamericano, a excepción de Cuba, ha avanzado tanto en sus políticas sociales, y ningún pueblo de este continente tiene las ventajas con las que hoy cuentan los venezolanos. Diez y seis años de revolución permitieron crear una estructura social que tiene este país. Sin embargo, mucho está aún pendiente, especialmente en la parte ideológica en la que el gran enemigo de la revolución sigue siendo el consumismo desenfrenado de toda la sociedad, lo que la hace blanco perfecto para la agresión económica, que hoy, sin ninguna duda, se aplica contra este país sudamericano. La escasez provocada, la falta de rendimiento productivo, la gigantesca y desproporcionada agresión en el sector cambiario, y la necesidad gubernamental de mantener su política social, son una combinación explosiva, que el gobierno bolivariano no parece controlar todavía. El hecho es que hoy la imagen de la revolución es cuestionada incluso desde sectores afines, en los cuales no parece contarse con la claridad necesaria para entender lo que está en juego, y todo lo que se puede perder. Por demás esta repetir lo catastrófico que sería para todo el continente, pero en especial para el pueblo de Bolívar, un retroceso político en este momento, que impondría de golpe un neoliberalismo mil veces más dañino que aquel que condujo a la sociedad al Caracazo.

En Ecuador, la manipulación de algunos grupos se disfraza de descontento y desacuerdo; agresión que claramente tiene fuerte inclinación a una salida violenta. Esta actitud de ciudadanos “cegados” por su cólera frente al gobierno, y las expresiones violentas que se multiplican por momentos, son una muestra de la incapacidad de la derecha para presentar la imagen de inestabilidad y crisis, que es imprescindible para activar los mecanismos para derrocar el gobierno y destruir todos los logros alcanzados hasta la fecha. Aquí, aunque existe una tendencia clara a llamarlos “golpes blandos”, no parece que en Venezuela o en Ecuador la derecha pueda avanzar sin recurrir a la violencia, recurso al que, por otro lado, no renunciará jamás. En Guatemala, el encarcelamiento de la exvicepresidenta, y la petición de juicio político para permitir prisión para el presidente Otto Pérez Molina, a solo dos semanas del proceso electoral, nos enfrenta a una realidad cruda: el sistema neoliberal, y la clase dominante han llegado a un consenso con la derecha internacional para un cambio político aparente, en el que algunas figuras serán “sacrificadas” o sus culpas relativizadas. Un triunfo del status quo con cara de limpieza, abanderando la cruzada contra la corrupción, definiendo la política como el mal que destruye las sociedades. Una gran movilización social, en la que la gente se muere de ansias por ver presos a algunos personajes mientras pierde de vista los grandes problemas y al final no es capaz de transformar nada.

En Honduras la situación, un poco más complicada por factores diversos. El gobierno de Juan Orlando Hernández, el más troglodita de los de derecha en el continente, ha sumido al país en un terrible estado de calamidad. Nada es más cómodo para el orden de cosas que mantener elevado el tono de las protestas procedentes de un grupo de ciudadanos indignados, despolitizados, sin “ideología”, incoherente y sin vocación organizativa alguna. Resulta claro que la idea es implantar un nuevo sujeto en el imaginario colectivo, capaz de reemplazar a la resistencia popular, destruir el Frente Nacional de Resistencia Popular al Partido LIBRE y darle un carácter caricaturesco al Golpe de Estado de 2009.
No será extraño que se intensifique la campaña de desprestigio y persecución política contra quienes participan en el proyecto constituyente, especialmente a quienes apoyaron la idea de la consulta popular en 2009. Hoy suena con fuerza en los medios corporativos el “ultimátum” de los indignados al gobierno de Juan Orlando Hernández, le dan tres semanas para que cumpla con sus demandas. En el mejor de los casos, para el pueblo hondureño, esta es una acción aventurera, reflejo de la falta absoluta de sentido del límite. Sin embargo, las consecuencias son incalculables; el gobierno de turno está diseñado para ser absolutamente represivo, posee estructuras de fuego legales, así como grupos paramilitares, esa es una realidad que no puede ignorarse.

Es importante preguntarse ¿Por qué ni en Guatemala ni en Honduras, con las estructuras represivas más feroces del continente, no han reprimido a las marchas de indignados? ¿Será porque ahora somos más civilizados? ¿Por qué el gobierno norteamericano ha reconocido inmediatamente a los movimientos anti gubernamentales, algo que no hizo jamás en su historia? En cualquier caso, los rasgos característicos de la turbulencia social en estos países sigue un patrón similar, demasiado estandarizado para ser casual. La manipulación de las masas, la explosión de las emociones, el engaño frente a la realidad, el distanciamiento de la política, la satanización de la ideología, la acción intensiva de las ONG y grupos religiosos, todo es tan consistente que la tesis del efecto dominó y el advenimiento de una nueva es absolutamente cuestionable. Honduras y Guatemala están siendo utilizadas como la fuente del “ejemplo” que se invocara para justificar y legitimar las acciones por venir en el cortísimo plazo en otros países de la región. Esto en sí es un reto para todos; es preciso entender que ahora no solo buscan destruir nuestros procesos revolucionarios, sino imponernos sujetos históricos inocuos que nos han de aportar una nueva historia, nuevos héroes, y nos preparan para los horrores de este neoliberalismo que hoy es más feroz y audaz que nunca.

lunes, 24 de agosto de 2015

Milicogate: El gran robo del fondo reservado del cobre.



LA INSTITUCIÓN Y EL GOBIERNO CONOCÍAN LOS HECHOS HACE MESES
Milicogate: El gran robo del fondo reservado del cobre
Los desfalcos comenzaron en 2010, durante los albores del gobierno del presidente Sebastián Pïñera y continuaron hasta marzo de 2014, cuando despuntaba el segundo mandato de Michelle Bachelet. El comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, admitió al ex ministro de Defensa Jorge Burgos que su institución pagó cientos de facturas falsas, no reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos. Uno de los involucrados, el cabo Juan Carlos Cruz, gastó 140 millones en el casino Monticello. Estos son los coletazos del “Milicogate”.
Millones de dólares desaparecieron de los fondos reservados del cobre a través de cientos de operaciones fraudulentas que comenzaron en 2010, según prueban inéditas conversaciones grabadas en secreto por oficiales del Ejército, además de numerosos documentos en poder de la Justicia Militar a los que accedió en exclusiva The Clinic. “Yo asumo el error como usted me lo está planteando”, dijo el coronel Clovis Montero, principal imputado y detenido en el caso, en un diálogo privado de más de una hora con el general Jozo Santic, el cual fue mantenido en reserva hasta hoy.

Montero, tras admitir sus faltas, dijo que lamentaba la actitud de sus superiores. “¿Cuántas veces yo me di cuenta de cosas y llamaba a la persona que me pedía (favores) y no al que firmaba para que resolviera el tema? ¿Cuántas veces lo hice yo como tesorero del Estado Mayor? Usted sabe las facturas que me llegaban de (La Casa Militar) de Lo Curro, por seis o siete millones”, insistió Montero ante el general Santic. El general, tras enrostrarle reiteradamente su error a Montero, le planteó además que fue desacertado de su parte confiar en el cabo Juan Carlos Cruz, el otro detenido en el caso. “Si esto mismo te lo hubiera pedido (el coronel) Fernando Grossi, se habría arreglado entre caballeros”, opinó Santic.

Al caso que se refiere el general Santic es el desfalco a los fondos de la Ley Reservada del Cobre, cuyas primeras luces de alarma estallaron el 2 de abril de 2014, tal como denunció The Clinic en marzo de este año. En esa fecha fueron descubiertos los primeros indicios de la defraudación. Estas operaciones, que inicialmente involucraron 103 millones de pesos, ascenderían ya a miles de millones de pesos y la Justicia Militar continúa las pesquisas. El mayor problema hasta ahora es cerrar el cerco sobre otros implicados en el caso, que está bajo la investigación de la abogada Paola Jofré de la VI Fiscalía Militar.

LOS HECHOS: La primera versión de los ilícitos, recogida en abril de 2014 y admitida por los propios involucrados, apuntó a que existía una defraudación ocurrida solo entre enero y marzo de 2014. La irregularidad correspondía a compras falsas de repuestos para autos militares efectuadas a través de la empresa Frasim, representada por Francisco Javier Huincahue, un proveedor habitual de la institución en el rubro “material de guerra y repuestos”.

Frasim, sociedad domiciliada en un humilde sitio de calle Santa Teresa 408, en la comuna de Estación Central, emitió diez facturas por repuestos de autos militares que jamás fueron entregados. El cabo Juan Carlos Cruz, quien solicitó al Tribunal Constitucional en febrero que se pronuncie sobre la legalidad de que la causa sea investigada simultáneamente en tribunales civiles y militares, admitió además haber recibido 15 millones de pesos en sobornos en esta sola operación. El coronel Montero, tras ser descubierta la operación en 2014, contactó urgente a Huincahue y le pidió que Frasim devolviera el último pago recibido por 53 millones de pesos. Huincahue accedió y pasó a Montero un vale vista del Banco de Crédito e Inversiones, el que el coronel entregó a su vez al tesorero del Ejército, su amigo, el general Samuel Poblete, en el estacionamiento del Edificio Bicentenario.

Pero nada detuvo la avalancha judicial y las pesquisas prosiguieron. De hecho, casi nadie cree en la Justicia Militar que un cabo y un coronel pudieran cometer por sí solos esta enorme defraudación fiscal. Sobre todo, porque las facturas de la Ley Reservada del Cobre deben seguir una serie de procedimientos antes de ser pagadas a las proveedores. Primero, llegan al Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), luego pasan al Departamento de Planificación Financiera, donde son revisadas e introducidas digitalmente en el Sistema de Finanzas del Ejército (Sifie), para luego pasar por Tesorería para su pago. Mensualmente, además, el Estado Mayor revisa los saldos que quedan de los decretos supremos que autorizan los giros de los fondos reservados del cobre. Con esos remanentes se pagan operaciones como las vinculadas a estas defraudaciones.

Por ser fondos reservados además, la Contraloría General de la República carece de autoridad para fiscalizar estas operaciones. Ni siquiera el Congreso puede inmiscuirse en la definición de los armamentos a comprar tampoco. Hoy, sin embargo, The Clinic revela por primera vez en la historia de Chile los decretos secretos con que los militares y el gobierno han autorizado el gasto de miles de millones de dólares en armas, como muestran oficios firmados por los ex ministros Andrés Allamand, Rodrigo Hinzpeter, Felipe Larraín, Jaime Ravinet y Nicolás Eyzaguirre, entre otros (ver documentos).

De esos recursos, cientos de millones de dólares fueron destinados a los proyectos Rotor, Centauro, Llaca, Kutrul, Llaitún y Limbo, para lanzamientos de misiles, nocturnización de equipos y compras de helicópteros, entre otros ítems.

UN NEGOCIO INQUIETANTE. En sus primeras declaraciones ante la Justicia Militar, el coronel Clovis Montero admitió que intercedió en el caso de Frasim para obtener las facturas que el cabo Cruz le solicitó para la División de Mantenimiento, en especial para un supuesto beneficio del general Héctor Ureta, jefe de esa área. “Pero yo no recibí dinero alguno”, aseguró Montero, oficial de la Contraloría del Ejército, quien además dijo desconocer quiénes eran los demás beneficiarios de la operación.

El cabo Cruz, quien admitió que falsificó la rúbrica del general Ureta, aseguró a la Justicia Militar que la iniciativa fue de Montero y dijo que sus superiores directos en el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), el coronel Fernando Grossi y el coronel Marco Maturana, desconocían los hechos, pese a que sus firmas están en la cadena de documentos. Las pesquisas, sin embargo, revelaron rápidamente que eran varias las empresas involucradas en operaciones similares con los fondos de la Ley Reservada del Cobre, cuyos recursos han sido solicitados por diversos actores políticos para financiar programas sociales. Ya en mayo de 2014, el tesorero del Ejército, el general Samuel Poblete, detectó que fueron falsificadas las firmas del coronel Pedro Ferrer (ver documento) en operaciones por 303 millones de pesos a través del proveedor Raúl Fuentes Quintanilla y en otros 50 millones cuestionados de Frasim, propiedad de Francisco Huincahue.

Ante la escalada de denuncias, la fiscal militar Paola Jofré pidió periciar el servidor de respaldo del Departamento de Apoyo y Planificación Financiera del Comando de Apoyo a la Fuerza, donde trabajaba el cabo Cruz, hoy detenido en el Regimiento de Telecomunicaciones. Sin embargo, la diligencia no fue posible debido a que ese equipo computacional fue inutilizado por desconocidos como explicó en su informe el perito Carlos Agurto, de la Sección de Informática y Computación del Ejército. En mayo de 2014, el coronel Montero cambió por primera vez su declaración y admitió que tras gestionar un primer pago por 50 millones a Frasim en marzo del año pasado, se juntó con el dueño de esa empresa, Francisco Huincahue, quien le pasó unos 35 millones en una bolsa negra, en los estacionamientos del Club Hípico. Huincahue confirmó los hechos a la Justicia. “El dinero se lo entregué al coronel Montero en forma física, millón por millón, estando yo sentado en el asiento del copiloto de su auto”.

“Luego de esto me fui a mi oficina y en el estacionamiento del edificio Bicentenario le pasé la bolsa al cabo Cruz”, agregó Montero ante la fiscal Jofré. Días después reveló a la fiscal que Cruz estaba acompañado por el empleado civil Danilo Alarcón Báez de la Dirección de Finanzas del Ejército. Este último niega los hechos. El cabo Cruz, quien admitió a la Justicia Militar que incluso falsificó los timbres institucionales en un comercio de calle Nueva York, admitió que las facturas fraudulentas pagadas a Fuentes Quintanilla eran de su autoría, aunque inicialmente involucró a sus colegas de oficina, el sargento Meléndez, la cabo Liliana Villagrán, la cabo Jacqueline Carrasco, el cabo Víctor Donoso, la cabo Natalie Cordero, el cabo Mauricio Valdebenito y el cabo Víctor Retamal.

Los pagos a la empresa de Raúl Fuentes Quintanilla, tras pasar todos los controles, fueron autorizados en última instancia por la Tesorería del Ejército. Raúl Fuentes Quintanilla, en tanto, admitió a la Justicia que efectuaba múltiples tratos directos con militares, sin licitación alguna. No obstante, aseguró no recordar los nombres de esos militares, ni de quien escribía las facturas en su empresa. Ya en junio de 2014, con los nuevos antecedentes, la Contraloría del Ejército envió un informe reservado a la Comandancia de Apoyo a la Fuerza, detallando que las facturas falsas de Frasim ascendían a 127 millones de pesos y que las de Raúl Fuentes Quintanilla superaban los 303 millones de pesos.

Fue el inicio de la escalada. El 25 de junio de 2014 el jefe de Adquisiciones del Ejército, coronel Ricardo Hernández, alertó a la Fiscalía Militar de una nueva arista. Raúl Fuentes, el cuestionado proveedor de insumos automotrices, figuraba también como gerente general de Capellán, empresa creada en enero de 2013, la que también era proveedora del Ejército. Fue en ese momento en que el Consejo de Defensa del Estado ingresó en la causa, representado por la abogada Patricia Dibarrart. En esas semanas también el coronel Montero entregó a la Justicia Militar la grabación de una conversación telefónica que mantuvo con Danilo Alarcón.

– ¿Por qué el huevón (Cruz) hizo la firma (falsa), huevón? -preguntó Clovis Montero desde su casa.
– Porque el huevón es porfiado -respondió Alarcón.
Ambos, además, hablaron sobre qué habría hecho Cruz con los dineros defraudados.
– Qué sé yo dónde tiene la huevá… si es que la tiene -apuntó Alarcón en el informe emitido por el perito en sonido Rodrigo Tapia de Investigaciones.

En septiembre pasado el caso escaló por primera vez institucionalmente hasta el ministerio de Defensa, cuando el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Gabriel Gaspar, envío un reporte con todas las facturas pagadas a Frasim con fondos de la Ley Reservada del Cobre entre junio y noviembre de 2013. El monto superaba los 370 millones de pesos, en un total de 117 operaciones. A ese monto se sumaban los millones defraudados en 2014 con facturas de Frasim y los de Raúl Fuentes por 370 millones hasta ese momento. La causa ya ardía. Sin embargo era solo el inicio, el 16 de septiembre del año pasado otro oficio reservado de la Contraloría del Ejército remeció al alto mando. Según el general Luis Chamarro, desde 2011 unas 124 facturas de la empresa Raúl Fuentes Quintanilla fueron pagadas por el Ejército pese a no estar autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos. Eran facturas falsas. En total, los desembolsos ascendían a otros 555 millones de pesos provenientes de la Ley Reservada del Cobre entregados irregularmente a un privado.

A los pocos días la situación empeoró. La subsecretaría de las Fuerzas Armadas informó en el oficio 4069 a la VI Fiscalía Militar que las facturas pagadas a la empresa Raúl Fuentes Quintanilla con fondos de la Ley Reservada del Cobre superaban en realidad los 1.400 millones de pesos. El ministerio de Defensa, encabezado entonces por Jorge Burgos, no estaba entonces en condiciones de saber cuáles operaciones eran lícitas y cuáles no. El caos era total. En octubre, sin que el parlamento o la Contraloría General de la República lo supieran, el fiscal interno del Ejército Eduardo Weisser detectó las primeras operaciones fraudulentas realizadas a través de Inversiones Capellán. Eran 23 millones de pesos facturados en 2011 en un inicio.
Semanas después un informe contable de Investigaciones, firmado por la perito Leonor Ortiz, encontró problemas en facturas por 2.200 millones de pesos de Frasim y de Raúl Fuentes Quintanilla. Era el inicio del desbande. También de una mayor cooperación entre la fiscal militar Paola Jofré y la fiscal civil Ximena Chong, quien indaga los delitos cometidos por los civiles. En diciembre, el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, informó al ministro de Defensa, Jorge Burgos, hoy titular de Interior, que la situación era peor de lo imaginado en un oficio de 20 páginas. En ese documento, Oviedo admitió a Burgos que tres proveedores de su institución habían cobrado facturas que ni siquiera estaban autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos. Otras facturas correspondían a empresas con término de giro o con denuncias por suplantación o pérdida de documentos.

En total eran cientos de documentos con “observaciones”, pagados con la Ley Reservada del Cobre. Una danza de millones, aún sin resolver.

EL DESTINO DE LOS FONDOS Las hojas de vida institucionales de todos los oficiales involucrados en los casos son intachables, todos con calificaciones sobre 6,0, como revisó The Clinic. Sus sueldos líquidos superan además los dos millones de pesos, como muestran sus liquidaciones. En el caso del cabo Cruz su estipendio superaba los 550.000 pesos antes de su detención. No obstante, los últimos tres años, Cruz registra viajes a México y Cuba. Clovis Montero, en tanto, a Colombia y Estados Unidos, según Extranjería. Montero mantenía además un minimarket en una estación de servicio Copec que le rentaba un millón y medio de pesos mensuales, según su declaración. Cruz, en tanto, era un aficionado al juego en el casino Monticello, donde en junio de 2013 ganó 36 millones en una máquina tragamonedas, monto que cobró con un cheque del Banco Itau. “Iba una o dos veces por semana a jugar”, aseguró el cabo a la fiscal Jofré. Pero no era toda la verdad, un informe emitido por el propio Monticello reveló que Cruz era un cliente Platinum que algunos meses iba a diario al casino, donde gastaba millones mensualmente. Unos 140 de millones los últimos años, según Monticello (ver documento).

LA DANZA DE LOS MILLONES ¿Cómo fue posible que miles de millones de pesos desaparecieran de las arcas del Ejército y terminaran en un casino de juegos? Varios testimonios indican que hace tres años los funcionarios del Comando de Apoyo a la Fuerza recibieron de sus superiores la instrucción de no revisar más las facturas, sino de simplemente tramitarlas, como admitieron varios testigos a la Justicia Militar. El problema de fondo no es solo la millonaria defraudación fiscal, probablemente la mayor en democracia, sino la absoluta falta de control ciudadano sobre la compra de armamentos, a través de la Ley Reservada del Cobre, impuesta en dictadura. Esta norma, de hecho, establece que un diez por ciento de las ventas de Codelco deben ir a la compra de armas, con un piso de 150 millones de dólares. Los recursos deben ser gastados en partes iguales entre las tres ramas de la Defensa, bajo estricta reserva.

Por ello, la mayoría de la población ignora que pese a gastar unos 600 a 900 millones de dólares anuales en los últimos gobiernos, las Fuerzas Armadas poseen un excedente de unos 4.500 millones de dólares sin gastar que las autoridades no pueden destinar a proyectos sociales. Hasta 2025, Chile destinará otros 700 a 900 millones de dólares anuales a la compra de armas, unos 5.000 a 6.000 millones de pesos al cambio actual. A ese monto hay que agregar otros 500 millones de dólares para adquisición de municiones. Es decir, unos 5.500 millones de dólares en cada período presidencial, en promedio. Con esos fondos se podría financiar completamente la reforma educacional o construir 20 hospitales, totalmente equipados. También construir 300 mil viviendas de 1000 UF para familias de bajos recursos en dos gobiernos, acabando con los campamentos en el país.

Las nuevas adquisiciones, por cierto, se suman a los 9.136 millones de dólares gastados ya entre 1990 y 2012, que permitieron adquirir cazabombarderos F-16, submarinos Scorpene y cientos de tanques Leopard, entre otros equipamientos de guerra. Hacia el futuro, los planes de compras de armas buscan mejorar la movilidad y la capacidad de fuego de las distintas ramas de la Defensa, sobre todo tras las enormes fallas operativas de las fuerzas armadas ante el terremoto de 2010.
Por ello, la idea es adquirir una fuerza acorazada de brigadas de alta movilidad, sumar fragatas con especificidad antiaérea, ampliar la fuerza de submarinos Scorpene y adquirir buques multipropósito con helicópteros. También, por cierto, modernizar los cazabombarderos F-16 y dotarlos de munición inteligente, además de comprar aeronaves para reabastecimiento en vuelo.
No obstante, esas millonarias adquisiciones aparecen ensombrecidas hoy por el fuego enemigo de la corrupción militar, además de la falta de control absoluta del poder civil sobre los montos y procedimientos para la compra de armas cuando ya transcurrieron 25 años del inicio de la democracia.


La historia del cabo que gastó más de dos mil millones en el Monticello. 
Claudio Pizarro y Mauricio Weibel
Entre 2008 y 2014, el cabo Juan Carlos Cruz gastó miles de millones en máquinas tragamonedas con dineros provenientes de los Fondos Reservados del Cobre. Se compró un caballo fina sangre, viajó a Cuba con su familia y enchuló a su pareja. Una vez detenido, habilitó un gimnasio al interior del penal Cordillera, a vista y paciencia de los generales del Ejército. En un interrogatorio, luego de caer en desgracia, sostuvo: “Le perdí sentido al dinero”.
Fue hace tan poco y el cabo Juan Carlos Cruz parece no recordar nada. En menos de seis años gastó 2.368 millones de pesos en el casino Monticello y ante el comisario Guillermo Castro de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, algo nervioso y desmemoriado, solo atinó a responder: “Le perdí sentido al dinero”. En su declaración, realizada a mediados de abril de este año, Cruz reconoció que comenzó a visitar el casino el año 2008, apostando entre 50 y 100 mil pesos. Un informe de la casa de juegos, entregado a la Fiscalía Militar, sin embargo, asegura que los montos fueron aumentando de manera exponencial con los años.

Sólo entre julio y octubre de 2013, el cabo Cruz, funcionario del Departamento de Planificación Financiera del Ejército, con un sueldo en ese entonces de 560 mil pesos, gastó más de 637 millones de pesos en el casino. La evidencia ablandó a Cruz al ser interrogado por la policía civil. Aunque afirmó que no podía dimensionar la totalidad de sus gastos, reconoció que cuando asistía a apostar en los tragamonedas desembolsaba entre 500 mil y 60 millones de pesos.

Cruz, sin embargo, no entró en mayores detalles. Aseguró en sus declaraciones que el dinero jugado en el casino provino de su sueldo, de una distribuidora de gas de su propiedad, de la venta de automóviles y del cupo de sus tarjetas de crédito. “Perdí la dimensión de la cantidad de dinero que aposté”, resumió. Cuando le preguntaron si los dineros utilizados en el casino provenían de la ley Reservada del Cobre respondió que no. Aseguró que solo se quedó con 15 millones de una comisión pagada por las facturas del proveedor Francisco Huincahue, dueño de la empresa Frasim. En el Monticello reconocieron que debido a los altos montos apostados en el casino, le otorgaron el estatus de cliente Platinum y que en el año 2013 le regalaron ocho noches de cortesía para él y una acompañante.

Cruz admitió a la justicia que en el casino contaba con el beneficio de estacionamiento liberado, comida gratis en el restorán Capataz e incluso acceso a una dispensadora. “Podía servirme una bebida gratis”, detalló. El militar siempre acudía al casino con su pareja, Elizabeth Vega, quien también gastó grandes sumas de dinero en el Monticello. Según registros de la empresa, la mujer desembolsó 368 millones de pesos. Ambos, entre el año 2008 y 2014, gastaron 2.736 millones de pesos, equivalente a la dieta de 270 parlamentarios. Pero no todo fue despilfarro. En el año 2013, el cabo Cruz acudió 127 días al casino y obtuvo también millonarios premios. En junio, por ejemplo, ganó 36 millones en el tragamonedas, en una sola noche.

Fue tanta su felicidad que luego de cobrar el millonario premio con un cheque del Banco Itau, partió a celebrar al Club Hípico de Santiago. Allí almorzó con sus amigos del Comando de Apoyo a la Fuerza del Ejército, el equipo que revisaba los pagos con los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre. Aquella vez, según comentó el mismo Cruz en su declaración, pasó casualmente por el lugar el Coronel Carlos Palacios y fue testigo de los festejos con pisco sour en el casino. El cabo, en medio de la celebración, le comentó a su superior que usaría el dinero para pagar su casa y cambiar su auto.

“Bien enchulá” Juan Carlos Cruz Valverde se crío en Curacautín. Allá creció junto a su abuela materna, Corina, y otros dos primos, luego que sus padres se separaron. Su madre, que trabajaba en Santiago, solía visitarlo los fines de semana y su padre dejó de verlo cuando era niño. Sus familiares lo recuerdan como una persona “tranquila, respetuosa, quitada de bulla”. Nada hacía presagiar, entonces, que el futuro de Juan Carlos estuviera en el Ejército. A los 18 años, sin embargo, decidió ingresar a las fuerzas armadas. Luego del proceso de instrucción, se especializó en finanzas e ingresó al Departamento de Planificación Financiera del Ejército. En su hoja de vida hay varias felicitaciones donde destacan sus habilidades. En diciembre de 2008 un superior valora su excelente desempeño en la elaboración del “informe de saldos de los decretos supremos de la ley del cobre”.

“Es felicitado por su grado de interés y dedicación en sus labores administrativas (…) manteniendo un permanente control de los recursos y asesorías en las áreas propias de su competencia”, destacaron sus superiores al año siguiente. No está claro cuando Cruz conoció a Elizabeth Vega, su pareja, pero sí que con ella formó una familia luego del nacimiento de su primer hijo. Juntos compraron una vivienda en un condominio de San Bernardo y el cabo Cruz se mantuvo en el domicilio hasta antes de ser detenido.

Su familia más cercana, transmitió desde entonces, que el cabo del Ejército había sido trasladado a Coyhaique. “Supimos que estaba arreglando un problema que tenía, que estaba castigado, que lo habían mandado para allá y que regresaría en un año más”, recuerda un familiar. Fueron pocos los que sospecharon de los pasos de Cruz. Salvo sus extravagantes gastos en el casino, lo único que llamaba la atención eran sus autos y los viajes que realizó al extranjero. Entre el 14 y el 22 de febrero de 2013 vacacionó en México. Al verano siguiente en Cuba, con toda la familia, sin restricciones, como quedó consignado en el expediente judicial.

Respecto al financiamiento de los siete millones que le costó este último viaje sostuvo que lo hizo con cheques facilitados por Danilo Alarcón, un compañero de trabajo en la Dirección de Finanzas del Ejército. Otro aspecto no menos llamativo es que, según detalla un cercano, habría costeado algunas operaciones a su pareja. “Le arregló la nariz y le puso pechugas, la enchuló bien enchulá”. Pese al nivel de gastos del cabo Cruz, el dinero por la pensión alimenticia de su segunda hija, fruto de una relación pasajera con una familiar de un primo, no se vio alterado. “No dejó de mandar las 100 lucas de siempre”, cuentan.

El cojo y el barco. El mismo año en que Cruz gastó más de mil millones de pesos en el casino, el 2013, el teniente coronel Gerardo Ruiz firmó un informe en que catalogó al cabo con un destacado 6,05. “Clase serio, deferente”, escribió el oficial. “Debe mejorar la responsabilidad”, matizó luego.

El desborde del suboficial, al parecer, aún no era detectado por parte de alguno de sus superiores. Otros, sin embargo, pareciera que estaban al tanto de las andanzas del cabo del Ejército. Al menos así lo indica algunos de los whatsapp requisados del celular de Cruz. “Sólo te pido que me cuides la espalda”, escribió en 2014 a un compañero de trabajo que identificó en su teléfono como el sargento Meléndez.Ese mismo año, según la declaración judicial del coronel Clovis Montero, el otro detenido en el caso, el cabo Cruz comenzó a preocuparse del rumbo que tomaban las cosas. El 31 de marzo, según el oficial, recibió varias llamadas telefónicas de Cruz cuando participaba en una reunión de directorio en el Club Providencia. Al rato habría llegado el cabo, comentándole que “se había destapado el caso de las facturas”.

Al explicar el inicio de las defraudaciones, Montero aseguró a la Justicia que Cruz le indicó que los fondos defraudados eran para el jefe de la División de Mantenimiento del Ejército, el general Héctor Ureta. El general y Cruz desmienten esta versión. No obstante, tras ser descubierta la operación, Montero contactó al dueño de Frasim, Francisco Huincahue, y le pidió que devolviera el último pago efectuado, correspondiente a 53 millones de pesos. Huincahue devolvió el monto en un vale vista a Montero y este se lo entregó al tesorero del Ejército, el coronel Samuel Poblete, en los estacionamientos del edificio Bicentenario.

“Uff, con el poto a dos manos Pitroko, no sé qué va a pasar”, escribió Juan Carlos Cruz a un colega a través de whatsapp en mayo de 2014.

Cuatro meses antes, también a través de mensaje de texto, Cruz dejó otra evidencia en un mensaje a otro compañero. “Oye weas llama al cojo para que te traiga hoy el barco”. Al ser consultado por el sentido del texto, Cruz explicó a la PDI que “el cojo” era Montero y “el barco” un encargo. No entró en mayores detalles. Durante la investigación, Cruz reveló algunas fallas en el sistema de finanzas del Ejército. Dijo que en su unidad la consulta de proveedores del Ejército estaba disponible en una plataforma de libre acceso, al momento de aprobar el pago de una factura, pero que el equipo que permitía ingresar a internet era lento, por lo que la gente no verificaba los datos.

Además, aseguró que el general Salas habría ordenado a los funcionarios del Comando de Apoyo a la Fuerza no revisar las facturas sino “solamente devengarlas y tramitarlas a Tesorería”. Este relato es respaldado judicialmente por otros miembros del CAF, el órgano encargado de aprobar administrativamente los gastos con fondos reservados del cobre. Las preguntas, entonces, resultan evidentes: ¿Los controles del Ejército fallaron sistemáticamente o el cabo Cruz pertenecía a una red más amplía de corrupción que ignoró las evidencias? ¿Cómo a nadie se le ocurrió que era difícil que un suboficial con ese salario pudiera acudir casi a diario al casino o comprarse un caballo fina sangre?

Las razones para sospechar son muchas. De hecho, el militar sigue teniendo regalías al interior de su institución, pese a todas las pruebas en su contra, incluida su propia confesión en el caso. Por ejemplo, el cabo logró ahora que sus superiores lo autorizaran a instalar un pequeño gimnasio en la cabaña prisión donde espera el resultado del proceso en su contra que encabeza la fiscal Paola Jofré en la VI Fiscalía Militar. Gracias a este beneficio, el uniformado combate el tedio y el sobrepeso con una trotadora, una elíptica y una máquina de ejercicio multiuso. Allí corre y comparte con sus compañeros en la exclusiva cárcel precordillerana. Solo mantiene distancias con el coronel Clovis Montero, con quien lo separan hondas diferencias, además de versiones encontradas ante la Justicia Militar. Pese a estar ubicados en el mismo recinto, no cruzan palabras.

La caída. No todo fue derroche en la vida de Cruz. Los últimos días, antes de ser detenido, fueron bastante febriles y cargados de angustia. Los intercambios de whatsapp con su pareja fueron elocuentes. “Necesitamos dinero”, le escribió Elizabeth Vega en mayo de 2014. “Necesitamos vender los autos rápido”, le respondió Cruz más tarde. Cuesta creer que el infinito derroche de la pareja terminara en una angustia económica sin resolver. Pero todo indica que así fue. “Así son las vueltas de la vida”, escribió incluso el militar a su pareja cuando las salidas se cerraban. “Así, no más”, le respondió ella por mensajería. El cabo Cruz, a escasas semanas de irse a la capacha, resentía cada vez más seguido que ya no tenía ni siquiera efectivo. Atrás quedaron las noches en el Monticello, las comidas en el Club Hípico y los viajes con su pareja a Cuba. Cruz, aunque parezca increíble, apenas disponía de algunos pesos para desplazarse por la ciudad. “Después de ser cabeza de león, ahora soy cola de ratón”, se lamentaba.

A tanto llegó su desesperación que hasta le pidió plata a uno de sus jefes. “Puta, jefe, perdón que lo moleste pero no me puede adelantar algo, lo necesito de verdad, hoy fui donde mi abogado y le pasé todo mi sueldo. Imagínese me quedé con 20 lucas, por fa jefe lo que pueda”, escribió el 20 de mayo.
Días después, con los primeros informes judiciales en marcha, las preocupaciones surgieron más nítidas. “Quisiera a veces que fueras distinto y no me decepcionaras tanto”, le escribió Elizabeth Vega.
“Yo trato de cambiar, de verdad que trato, y te doy gracias por apoyarme y quererme aunque sea tan condoro”, le respondió Cruz. Los intercambios no paran. La desesperación se hace insostenible. Cruz le escribe Elizabeth unos días antes de ser detenido: “Sólo le pido a diosito que esta weá termine pronto”.