DD.HH: El fichaje del gobierno para recabar información

Tomado de Raquel Partnoy

DD.HH: El fichaje del gobierno para recabar información

El ex magistrado Alejandro Solís -quien investigó emblemáticas causas que afectaron a la Dina- encabezará una nueva Unidad de Derechos Humanos que el gobierno decidió crear, a través del Ministerio de Defensa, para facilitar la entrega de información de las Fuerzas Armadas. La iniciativa constituye la respuesta de La Moneda a las demandas de agrupaciones por el fin de los llamados "pactos de silencio" en dichas instituciones. http://fw.to/el7xsNJ

A primera hora de mañana -lunes 17-, el ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Solís cruzará el vestíbulo de ingreso al Ministerio de Defensa, en pleno centro de Santiago. En esa cartera -liderada desde hace tres meses por José Antonio Gómez (PR)-, el ex magistrado asumirá la cabeza de la Unidad de Derechos Humanos, entidad que comenzará a funcionar en el mismo instante en que Solís se instale en su nueva oficina de calle Zenteno.

La creación de la repartición constituye la respuesta del gobierno a los llamados para poner fin a los denominados “pactos de silencio” en las Fuerzas Armadas -particularmente en el Ejército- en relación a las causas de violaciones a los DD.HH., los que se comenzaron a suceder desde fines de julio pasado, cuando el testimonio del ex conscripto Fernando Guzmán permitió la reapertura del caso quemados.

Casi tres décadas después de la detención de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas Denegri -el 2 de julio de 1986-, Guzmán dijo tener detalles de la acción de la patrulla militar acusada de quemar con gasolina a los dos jóvenes durante una protesta contra el régimen militar. La declaración del ex conscripto permitió al ministro Mario Carroza someter recientemente a proceso a siete militares en retiro, entre ellos, los oficiales (R) Julio Castañer González e Iván Figueroa Canobra.

No sólo eso. En las últimas dos semanas el gobierno ha debido enfrentar una reactivación de la agenda de DD.HH. que ha tensionado a las Fuerzas Armadas y a sectores del oficialismo y familiares de víctimas de violaciones a los DD.HH. entre 1973 y 1990.

Una espiral que ha tenido tres hitos en 10 días: la muerte del ex jefe de la Dina Manuel “Mamo” Contreras, el viernes 7 en el Hospital Militar, cuando enfrentaba una condena de 529 años de cárcel; el suicidio -el jueves 13- del ex jefe de la Dine general (R) Hernán Ramírez Rurange, tras su condena a 20 años por el caso Berríos, y el ingreso a Punta Peuco -el viernes 14- del coronel (R) del Ejército y ex fiscal militar Fernando Torres Silva, considerado uno de los uniformados más cercanos al general (R) Augusto Pinochet, acusado en el mismo proceso.

En el Ministerio de Defensa explicaron que la nueva unidad dependerá directamente del gabinete de Gómez y que su función apuntará a ser un facilitador de información entregada por las distintas reparticiones armadas a los jueces que llevan adelante investigaciones por causas de derechos humanos.

“Va a tener los medios y los recursos para relacionarse con el presidente de la Corte Suprema, con los auditores de las distintas ramas, para que los ministros que requieran cierta información se dirijan específicamente a esta unidad para buscar y hacer toda la investigación necesaria para saber si los antecedentes se están pidiendo, existen o no y por qué no existen”, afirmó Gómez a Reportajes.

En la actualidad, existen cerca de mil procesos vinculados a DD.HH. -algunos con más de 10 años de tramitación en el Poder Judicial- que se mantienen vigentes y a la espera de una sentencia definitiva. Algunas de las causas que permanecen abiertas indagan hechos ocurridos hace 41 años, desde que se cometieron los delitos.

La oficina de Solís, en esta línea, buscará agilizar la entrega de información a los magistrados y -para ello- contará con acceso a antecedentes en red que hoy están en manos de las Fuerzas Armadas. La repartición, en todo caso, no sólo se remitirá a la entrega de información -en caso de que esté disponible-, sino que, además, deberá dar respuestas concretas ante la eventualidad de que los datos solicitados no sean encontrados.

La elección de Solís ha sido guardada con reserva en el entorno de Gómez. En parte, porque el ex magistrado es uno de los más emblemáticos persecutores en causas de derechos humanos. Durante su paso por la Corte de Apelaciones, Solís encabezó varios de estos procesos, entre las cuales destacaron los casos de Villa Grimaldi, Parral y Linares. Además, el entonces juez logró la primera condena, confirmada por la Suprema, donde se anuló la Ley de Amnistía, aplicando la tesis del secuestro calificado invocando el derecho internacional.

El 30 de junio de 2008, Solís dictó condena de primera instancia por los asesinatos, en Argentina, del ex comandante en jefe del Ejército general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, ocurridos en septiembre de 1974.

La resolución afectó a varios militares en retiro, entre ellos el recientemente fallecido general (R) Manuel Contreras.

Regreso a Zenteno

En los últimos días, el ministro José Antonio Gómez ha invertido parte de su agenda en afinar los pormenores de la iniciativa. La idea le venía rondando desde la visita a su oficina de la única sobreviviente del caso quemados, Carmen Gloria Quintana -el 31 de julio pasado-, tras lo cual se comprometió a tener en un plazo de 30 días informes sobre personal uniformado -ya sea a contrata, honorarios u otras- que haya tenido vinculación con causas de violaciones a los derechos humanos.

Pero el ministro quería realizar un aporte más contundente en esta materia. Tras una serie de conversaciones, que incluyeron a expertos en el tema y a militares, Gómez dio con la fórmula de crear la unidad, la que -según señalaron en el gobierno- también constituye el esfuerzo final del Ejecutivo para facilitar la entrega de información disponible en procesos vinculados a crímenes y delitos cometidos por uniformados durante el régimen militar.

Y es que -hasta ahora- el titular de Defensa sostiene la tesis de que no existe un “pacto de silencio” institucional que bloquee la información para establecer nuevos responsables o el destino de las víctimas de violaciones a los DD.HH.

Esta semana, Gómez se comunicó con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, generales Humberto Oviedo (Ejército), Jorge Robles (Fuerza Aérea) y Enrique Larrañaga, de la Armada, para notificarles de la iniciativa.

Con el propio ex ministro Solís, el titular de Defensa tomó contacto el miércoles 12 para ofrecerle encabezar la nueva repartición. La designación de Solís es una apuesta largamente deseada por Gómez. El hoy ministro de Defensa había buscado contar con la asesoría del ex magistrado desde que estaba a la cabeza del Ministerio de Justicia, momento en el que lo contactó para que lo ayudara a crear la Subsecretaría de Derechos Humanos que esta semana fue aprobada por la Cámara de Diputados en su primer trámite legislativo. La gestión -en esa oportunidad- no prosperó.

Esta vez el resultado fue distinto. La nominación tiene una connotación especial para el propio ex magistrado. Sólo esta semana -en el programa El Informante, de TVN- el ex juez denunció que integrantes del Ejército presionaron para que el año pasado dejara el cargo que lo facultaba para asesorar a los ministros en visita que investigan los crímenes contra los derechos humanos. Según Solís, quien dejó el Poder Judicial en 2012, al cumplir 75 años, sus nuevas labores le fueron encomendadas a comienzos de 2014 por el entonces ministro Sergio Muñoz -hoy presidente de la Corte Suprema- e incluso ya existía un contrato firmado entre las partes. Sin embargo, de acuerdo a la versión entregada por el ex juez, antes de iniciar sus funciones, el ministro Hugo Dolmestch, quien tiene la coordinación de los casos de derechos humanos, le señaló que “los militares han venido aquí a protestar por tu nombramiento. Han venido a pedir que termine tu contrato”. Al día siguiente, Muñoz le pidió la renuncia.

La colaboración de las Fuerzas Armadas en los procesos que indagan violaciones a los derechos humanos también tiene un interés especial para Gómez en momentos en que se desempeña como ministro de Defensa. El secretario de Estado, quien durante la Unidad Popular militó en las Juventudes Comunistas, fue detenido y trasladado -en octubre de 1974- por uniformados que lo mantuvieron esposado en el subterráneo de las mismas dependencias de la cartera que hoy le toca encabezar.