LA DESREGULADA SUBASTA
DE LOS PACIENTES DEL
SISTEMA PÚBLICO
Juan
Pablo Figueroa y Catalina Albert
Una
lucha descarnada por el acceso a los hospitales públicos libran los directivos
de las 28 escuelas de Medicina, 32 de Odontología, 20 de Obstetricia, 117 de
Enfermería y 99 de Kinesiología del país. Ofrecen dinero, equipamiento, becas
para hijos de funcionarios y granjerías a cambio de pacientes para la práctica
de sus alumnos. Sin regulación a pesar de que está en juego la salud de los más
vulnerables, la lógica es la del mercado. CIPER investigó esos contratos y la
cadena de responsabilidades tras el error letal de una estudiante de la
Universidad del Pacífico en el Hospital de Melipilla.
En
los procesos de aprendizaje cometer errores es normal y, la mayoría de las
veces, algo positivo. Pero hay profesiones en que una sola equivocación puede
resultar fatal. L.G., estudiante de cuarto año de Enfermería en la Universidad
del Pacífico, cometió uno de esos errores mientras realizaba su práctica
profesional en el Hospital San José de
Melipilla. La madrugada del miércoles 6 de agosto debía preparar la heparina
que sería suministrada a 11 pacientes hospitalizados. Pero se equivocó y en vez
de heparina preparó insulina. La enfermera a cargo tomó la preparación y la
inoculó, tal como había indicado el médico de turno. La reacción fue en cadena
y, uno tras otro, los 11 pacientes cayeron en graves cuadros de hipoglicemia.
Dos murieron esa misma madrugada. Sus nombres: Rosa Céspedes y Luis González,
de 81 y 82 años. Un tercero, Juan Tapia, falleció dos semanas después.
-No
fue por una acción de dolo, es decir, no hay una situación para decir que estoy
intranquila –dijo el pasado martes 21 de octubre la directora subrogante del hospital, la
doctora Mónica Vittini, tras anunciar el término del sumario administrativo que
siguió a la grave negligencia médica, la que también es investigada por el
Ministerio Público.
Vittini
sólo dijo que un médico y dos enfermeras fueron notificados por su presunta
responsabilidad en el hecho y que podrían ser sancionados con amonestaciones
por escrito, descuentos en sus remuneraciones, suspensión o la destitución.
Como el sumario no ha sido visado por la Contraloría General de la República,
el informe aún es secreto. Mientras, los tres funcionarios continúan trabajando
en el hospital. Pero nada dijo sobre las responsabilidades de la estudiante que
preparó la insulina y de la enfermera que la suministró. Las dos quedaron al
margen de la investigación por no ser funcionarias de planta de la institución.
La primera realizaba su práctica profesional y la segunda había sido contratada
como refuerzo de la campaña de invierno del hospital. Ninguna sigue trabajando
en el recinto.
La
vaguedad del anuncio hecho por la doctora Vittini instaló la duda sobre la
magnitud de las sanciones que traerá aparejada la investigación tras la firma
de la Contraloría. Pero lo más importante es que, a dos meses y medio del hecho
que costó la vida de tres personas, no existe todavía un informe oficial que dé
cuenta del real esclarecimiento de responsabilidades respecto de la cadena de
errores y negligencia ocurridos esa madrugada en Melipilla.
No
fue un simple error que la practicante preparara la sustancia equivocada y que
luego se le suministrara a 11 personas hospitalizadas. Los hechos que indagó
CIPER dan cuenta de que las irregularidades en el Hospital San José de
Melipilla se arrastran desde mucho antes. Allí se había enquistado un grave
problema que desnudó las graves falencias y vacíos en la normativa que
actualmente regula la participación de funcionarios externos –internistas o
personal de refuerzo– en hospitales públicos del país y la desregulada
competencia de las universidades por acceder a sus pacientes.
Apenas
siete meses antes del accidente en el Hospital de Melipilla, la Universidad del
Pacífico consiguió por primera vez la acreditación de su Escuela de Enfermería.
Se la otorgó la agencia Akredita Q.A. –la misma que acreditó la carrera de
Medicina de la Universidad Pedro de Valdivia (ver reportaje de CIPER)–, a pesar
de las importantes debilidades que se consignaron en el informe.
“Es
necesario definir competencias profesionales específicas. Se esperaría que el
plan de estudios tuviera una relación con las competencias específicas. Se
observa que en el nivel 5° se incorporan asignaturas electivas y profesionales
que debieron impartirse en niveles anteriores de forma de enfrentar las
asignaturas del internado con las competencias y habilidades requeridas que
deben ser demostrables”, dice el acta de acreditación.
Universidad del
Pacífico - Sede Melipilla
Si
L.G estaba allí esa noche fue porque la Universidad del Pacífico firmó en
febrero de 2010 un convenio con el Hospital San José de Melipilla para usarlo
como campo clínico para sus alumnos de Enfermería por los siguientes 15 años.
Así, sin siquiera tener aún la carrera acreditada, la universidad privada
amarró su presencia hasta 2025 en un hospital público que atiende a cinco
comunas, con una población flotante de más de 163.000 personas y que en 2013
realizó más de 24.000 prestaciones GES, recibió a más de 7.200 hospitalizados y
registró casi 49.000 consultas de especialidades (ver su Cuenta Pública 2013).
Un valioso flujo de pacientes que la universidad usa como principal gancho para
atraer alumnos. Eso sí, no le sale gratis: tiene que pagar 4 UF por cada
estudiante que cursa su internado en el recinto asistencial, un aporte anual de
700 UF a requerimiento del hospital en dinero, equipamiento, bienes, servicios
o infraestructura, y becas para funcionarios y sus hijos.
A
través del convenio, el hospital compromete a la universidad un mínimo de 45
cupos mensuales para sus alumnos. Eso significa que la casa de estudios
invierte al año casi $70 millones para acceder a sus pacientes. Lo raro es que
el Hospital de Melipilla sólo tiene cupo para formar a 33 estudiantes de
Enfermería (ver documento del Ministerio de Salud). Es decir, su capacidad está
claramente sobrepasada. Muchos alumnos, pocos pacientes y menos docentes. Y no
solo están los estudiantes de la Universidad del Pacífico: a ellos se suman los
alumnos de las universidades Finis Terrae y de Tarapacá, las que también tienen
convenios con el hospital hasta 2025. En esas condiciones, un error mortal era
sólo cosa de tiempo.
“LA LÓGICA DE LA OFERTA
Y LA DEMANDA”
Son
varios los hospitales que se han sobrevendido y sobrepasan con creces su
capacidad formadora: el máximo de estudiantes que están en condiciones de
recibir. Un ejemplo es el Hospital del Salvador, donde conviven estudiantes de
18 instituciones de educación superior. El problema es más grave de lo que
parece. La mayor rotación de estudiantes por un servicio clínico implica que
los pacientes pasan por más manos y que se reducen las posibilidades de
supervisarlos efectivamente. Eso no sólo constituye una vulneración constante
de los derechos de los pacientes, sino que además aumenta el riesgo de cometer
errores como el que les costó la vida a esas tres personas en el Hospital San
José de Melipilla.
Estudiantes de Medicina
Como
la Finis Terrae tenía un vínculo previo con ese hospital y ofreció un poco más
de recursos que la Universidad del Pacífico, su acceso a pacientes e
instalaciones es mayor (ver convenio). Con una inversión de 3.000 UF al año
(unos $72 millones) y cursos de capacitación para funcionarios del hospital,
becas de estudio, acceso preferente a las carreras de su Facultad de Medicina,
apoyo para el desarrollo de proyectos de investigación y acceso a softwares y
bases de datos clínicos y administrativos, logró convertir al Hospital San José
de Melipilla en campo clínico exclusivo para sus alumnos de Medicina y
preferencial para los de Enfermería, Nutrición y Dietética y Kinesiología. En
cuanto a la Universidad de Tarapacá, ésta paga 5 UF al mes por cada uno de sus
estudiantes de Enfermería, Obstetricia, Tecnología Médica y Kinesiología (ver
convenio).
Para
la firma de esos tres contratos no hubo licitación ni llamado público a otras
instituciones de educación superior. Todo se selló como la mayoría de los
convenios docente-asistenciales firmados en el país: a través de negociaciones
directas entre el director del Servicio de Salud o del hospital –según
corresponda– y las autoridades de cada universidad. Izkia Siches, presidenta
del Consejo Regional Santiago del Colegio Médico y ex encargada nacional de
campos clínicos de la Asociación de Estudiantes de Medicina de Chile (ASEMECH),
explicó a CIPER en modo simple la transacción: “En los hospitales y Servicios
de Salud opera la dinámica del qué me das tú como universidad para que yo te
preste mis pacientes. La lógica de la oferta y la demanda”.
El
explosivo crecimiento en la oferta de carreras de la salud ha desatado una
fuerte y desregulada competencia entre las escuelas por ocupar las mejores
plazas en los principales establecimientos asistenciales del país. Aunque el
Ministerio de Salud (Minsal) emitió una normativa para regular la asignación de
los campos clínicos, las reglas que aquí mandan son las del mercado. Nadie
regula, nadie fiscaliza. Mientras algunos convenios se pactan por apenas unos
meses, otros se extienden por décadas o por tiempo indefinido, como los que
firmó en 2011 el Hospital San Juan de Dios con la Universidad de Chile y la
Universidad Santo Tomás (ver convenios).
Las
universidades públicas se quejan de no contar con los recursos para competir en
igualdad de condiciones. Las privadas alegan que las estatales acaparan los
centros hospitalarios más importantes e impiden su ingreso. Cuánto y cómo se
paga queda a criterio de cada director de hospital o de servicio. Y en algunos
casos, como ocurrió en el Hospital Félix Bulnes con la Universidad Mayor, han
pasado años sin que se cobre un peso de los recursos comprometidos. Y hay
incluso alumnos que pasan por los hospitales atendiendo pacientes del sistema
público sin que haya un convenio que los respalde. Sin ninguna regulación.
CIPER
rastreó y revisó más de cien convenios docente-asistenciales correspondientes a
hospitales de la Región Metropolitana, apenas una porción del total (ver nómina
de convenios). Todos esos documentos debieran por ley estar disponibles en los
portales de Transparencia Activa de los hospitales y Servicios de Salud, pero
eso no ocurre. El desorden es tal que saber con exactitud cuántos convenios hay
firmados en el país, qué instituciones de educación superior tienen presencia
en recintos asistenciales y cómo se reparten hoy los campos clínicos es, en la
práctica, imposible. Sin un límite de cuántos acuerdos puede firmar un
establecimiento asistencial, los convenios se cuentan por centenares. Y ni
siquiera el Minsal tiene el detalle de esa información.
En
abril el ministerio solicitó a los 29 Servicios de Salud y los 57 hospitales
autogestionados copia de todos los convenios vigentes para su revisión. Las
autoridades del Minsal partieron de cero: no tenían ninguna información oficial
de esos convenios. Eso “porque cada establecimiento de salud logra un acuerdo
con una universidad o instituto y cada convenio es una unidad en sí misma”,
explicó a CIPER el doctor José Concha, jefe de Formación y Capacitación del
ministerio, responsable de recopilar y revisar los contratos. Han pasado seis
meses y el doctor Concha reconoce que aún falta la mitad de la información.
Con
lo revisado hasta ahora, Concha estima que cerca del 80% de los convenios no se
ajusta a la normativa vigente. Y afirma que, en la relación entre la docencia y
lo asistencial, “predominan las reglas del juego establecidas por los campos
formadores por sobre las del centro de salud”. Por eso, aseguró a CIPER que el
Minsal ordenó a todos los servicios y hospitales congelar la renovación de los
convenios que están por caducar y no pactar nuevos tratos, salvo en “casos
justificados”. Pero en todos los hospitales consultados por CIPER señalan nunca
haber recibido esa orden. Y en efecto, en medio del desorden, el Minsal nunca
la envió. Hoy el mercado de los campos clínicos sigue tan desregulado como
siempre y las universidades se siguen repartiendo los pacientes del sistema
público de Salud no por criterios de calidad o de competencias clínicas, sino
que al mejor postor.
LA NORMA QUE POCOS
CUMPLEN
Cualquier
escuela del área de la salud que carezca de campos clínicos está condenada al
fracaso. Así lo entendieron los estudiantes de Medicina de la Universidad Diego
Portales (UDP) que, luego de diez días en paro, el pasado 23 de abril se
tomaron su facultad en protesta por la “evidente carencia de campos clínicos”
(ver comunicado). Decían que el Hospital Dipreca, el único centro hospitalario
con que su escuela tenía convenio vigente en Santiago, no tiene la capacidad
para recibir a todos sus estudiantes. Especialmente después de que la
universidad fracasara en su intento de adjudicarse los nuevos hospitales de La
Florida, San José de Maipo y Maipú a través de licitaciones públicas. Esas
últimas apuestas eran vitales, ya que pretendían suplir la reciente pérdida de
otros dos importantes recintos asistenciales: el Hospital de Urgencias Asistencia Pública (Ex Posta
Central) y el Hospital Metropolitano.
El
director general de campos clínicos de la UDP, el doctor Juan Manuel Toso,
señaló a CIPER que tras la movilización de los estudiantes, la escuela logró un
acuerdo para ocupar la vacante que dejó la Universidad de Los Andes en los
servicios de medicina y de cirugía del Hospital Parroquial de San Bernardo, un
establecimiento privado dependiente de la Iglesia Católica y que funciona en
convenio con el Servicio de Salud Metropolitano Sur (SSMS), del cual el mismo
Toso fue director hasta marzo de 2014. Aún así, Toso reconoce que “los
hospitales que tenemos satisfacen sólo parte de nuestra necesidad; la universidad
aún no tiene resuelto su problema”.
La
Norma Técnica 254 establece que si la UDP quisiera solucionar su falta de
campos clínicos tendría que salir a competir. De acuerdo al reglamento, el
procedimiento es así: tras determinar su capacidad formadora, los Servicios de
Salud o los hospitales autogestionados elaboran las bases técnicas para la
asignación, las que deben ser validadas por la Subsecretaría de Redes
Asistenciales. Luego las bases se publican y todo lo que sigue queda a criterio
de los directores zonales o de los respectivos establecimientos, ya que la
firma de los convenios es su atribución exclusiva.
Para
competir las escuelas deben cumplir requisitos mínimos, como estar acreditadas,
contratar seguros en caso de negligencia para el pago de eventuales
indemnizaciones y contar con un “cuerpo académico idóneo”. Y pueden postular
solas o asociadas con otra. Después una comisión las evalúa y les otorga un
puntaje en base a criterios como sus años de acreditación, el número de
carreras y de alumnos que ofrece para ingresar y copar el campo clínico, sus
programas de postgrado o si tiene convenios con otros recintos de la red
asistencial. El puntaje sirve como primer filtro para sentarse a negociar. Y es
entonces cuando el poder económico se vuelve decisivo: el proyecto que
contemple la mayor retribución será el ganador.
-La
norma dice que habrá retribución y que habrá cupos, pero lo que manda al final
son las bases de cada licitación. Y es en ellas donde se explicita que la
decisión final se tomará en base a cuánto se ponga sobre la mesa. Cuando ya
están todos los oferentes, lo que hace la diferencia es la oferta económica y
quién te lleva más carreras y más alumnos para copar la capacidad formadora
–dice el doctor Mauricio Osorio, ex director del Servicio de Salud
Metropolitano Norte y actual director de campos clínicos de la USACH.
Ese
mecanismo se usó con los hospitales de La Florida, de San José de Maipo y
Maipú. En todas esas licitaciones la UDP participó en asociación con la USACH y
perdió. Los de La Florida y San José de Maipo fueron rematados juntos (ver
bases técnicas). El primero fue asignado al consorcio formado por las
universidades Católica de Chile y Católica del Maule. El segundo, a la
Universidad San Sebastián (USS). El proceso fue impugnado por las universidades
perdedoras porque supuestamente no se les asignó el puntaje correcto. En la UDP
dicen que en el Hospital de San José de Maipo la diferencia fue que mientras
ellos ofrecieron arreglar los jardines, la USS comprometió una millonaria inversión
para rescatar el valor patrimonial del antiguo establecimiento precordillerano.
La situación motivó una dura columna del rector Carlos Peña en El Mercurio
criticando el desregulado modelo de asignación en base a criterios de mercado.
Hospital El Carmen de
Maipú
Distinto
fue el caso del Hospital El Carmen de Maipú, el primer establecimiento
concesionado del país. Meses antes de que las graves fallas en su
infraestructura obligaran a suspender las operaciones de riesgo (ver reportaje
de CIPER), el concurso público para adjudicarlo como campo clínico debió
suspenderse por incongruencias en sus bases. El motivo: el hospital que se
estaba licitando ya estaba amarrado a la USACH y a la Universidad Finis Terrae
a través de contratos firmados con el Centro de Referencia de Salud de Maipú
(CRS), que ocupa –al menos en parte– el mismo espacio físico.
En
todo caso, los convenios asignados de acuerdo a la norma son tan sólo un
puñado. Un artículo transitorio al final de la Norma 254 establece que todos
aquellos convenios por más de tres años debían adecuarse al nuevo marco
regulatorio una vez que entrara en vigencia en julio de 2012, derogando las
normas que la precedieron. Pero nadie se preocupó de que eso ocurriera. Según
la estimación del encargado ministerial de recopilar y revisar los contratos a
nivel nacional, el doctor José Concha, apenas un 20% fue modificado. Los demás
han seguido operando bajo la norma antigua: el trato directo.
-Lamentablemente,
si bien existe esta normativa, no se ha puesto en marcha adecuadamente.
Mientras que algunos hospitales la usan, otros simplemente han optado por no
aplicarla. Al final todo se sigue moviendo por amistades y por redes de
contactos –dice la doctora Patricia Muñoz, decana de la Facultad de Medicina de
la UDP.
EN BUSCA DE UN CAMPO
CLÍNICO
La
desregulación del mercado comienza apenas se abre una carrera de la salud. Una
vez que obtienen la autonomía, las instituciones de educación superior pueden
abrir escuelas y sedes dónde, cómo y cuándo les plazca. Su único freno son sus
propias limitantes financieras y operativas para formar nuevos profesionales o
técnicos. En el área de la salud, el crecimiento ha sido explosivo y el negocio
muy rentable. Según los datos del Ministerio de Educación, actualmente hay en
Chile 28 escuelas de Medicina, 32 de Odontología, 20 de Obstetricia, 117 de
Enfermería y 99 de Kinesiología, sólo por mencionar algunas carreras del área.
Aunque la firma de convenios docente-asistenciales o la construcción de campos
clínicos propios no es requisito para que existan, para todas es esencial
contar con espacios y pacientes para que sus alumnos practiquen lo aprendido en
las aulas. Si aspiran a entregar una formación de calidad, tienen que salir a
pelear ese espacio.
Hospital Luis Tisné
Cuando
CIPER se reunió el 14 de octubre con los doctores Juan Manuel Toso y Patricia
Muñoz en la Casa Central de la UDP, ambos venían llegando de una reunión con el
doctor Julio Montt, director del Hospital Luis Tisné, en Peñalolén. Habían
estado negociando su ingreso a un recinto donde actualmente ya conviven las
universidades de Chile, Andrés Bello, de Los Andes e Iberoamericana, además del
grupo educacional INACAP y el instituto profesional DUOC-UC. Para estudiantes
de Medicina ya no tenían cupos. Tampoco para alumnos de Enfermería,
Kinesiología ni Odontología. Pero aún había puertas abiertas. Toso explica la
ruta que generalmente siguen las instituciones de educación superior para
encontrarlas:
-Vamos
directamente al director del hospital que nos interesa. Le pedimos una reunión
para plantearle nuestras necesidades. En este caso (director del Hospital Luis
Tisné) nos respondió cuáles eran los problemas: la mayoría de los cupos están
copados por otras escuelas. Le preguntamos por Tecnología Médica y nos dijo que
eso está débil y que a lo mejor podríamos ingresar. Y sobre Obstetricia nos
dijo que si bien ya había otras universidades, podríamos pensar en horarios
diferidos. Así es como se entra. Luego vienen las negociaciones: cuántos
alumnos y qué retribución. Hoy el director del hospital nos dijo que no quería
plata, sino que proyectos de formación de especialistas y capacitación de los
funcionarios del hospital. Otros se refieren a precios en dinero. Y todo eso se
sella después con el convenio.
Una
vez firmado el acuerdo, la competencia no acaba: ahora el desafío es mantenerse
adentro, luchar por el territorio. Un académico consultado por CIPER asegura
que la amenaza de otras universidades es constante. Una forma es acercase al
jefe de servicio para ofrecer lo que sea que haga falta: desde un scanner hasta
un frigobar o un televisor para la sala de residentes. Otra consiste en
reclutar a los docentes de las escuelas presentes en el hospital. “Y lo que
pase va a depender únicamente de qué tan fidelizados estén ese jefe de servicio
y esos académicos con nuestro trabajo y nuestro proyecto educativo”, dice.
Esa
fue la estrategia utilizada en 1999 por la Universidad Mayor para desplazar a
la Universidad de Chile y la USACH del Hospital Félix Bulnes. CIPER investigó
entre 2010 y 2011 cómo esa casa de estudios desembarcó gradualmente en ese
hospital hasta prácticamente adueñarse de su servicio de Medicina, de sus
pacientes y de sus médicos (ver reportaje). Allí, lo académico estaba
claramente por sobre lo asistencial. Mientras las listas de espera aumentaban,
los doctores dejaban de atender pacientes para hacer clases. La jefa de
servicio, la doctora Claudia Morales, encargada de fiscalizar que su personal
cumpliera los horarios contratados por el hospital, era también la directora de
carrera en la Universidad Mayor, por lo que incurría en un claro conflicto de
intereses. Los informes que realizó posteriormente la Contraloría no sólo
confirmaron las irregularidades que detectó CIPER, sino que también dieron
cuenta de un profundo desorden administrativo que permitió que durante años no
se cobraran los fondos comprometidos en el convenio. Y eso no fue un caso
aislado, sino que se repitió en otros establecimientos y con otras
universidades.
RETRIBUCIONES IMPAGAS Y
“ALUMNOS FANTASMA”
Cuando
CIPER entrevistó en 2011 a Vladimir
Pizarro, entonces director del Hospital Félix Bulnes, aseguró que “el
convenio con la Universidad Mayor ha sido muy valioso y ambas partes hemos
sacado muchos beneficios”. Poco después la Contraloría auditó el contrato y
detectó serias irregularidades que echaron por tierra sus aseveraciones. Las
infracciones motivarían en parte la “renuncia no voluntaria” que se le exigió a
Pizarro en 2013. Con el nuevo gobierno fue recontratado y hoy es director del
Servicio de Salud Metropolitano Occidente (SSMOC).
La
Contraloría publicó en mayo de 2013 un informe sobre las cuentas del Félix
Bulnes y el convenio docente-asistencial con la Universidad Mayor (ver
informe). El resultado fue lapidario. El convenio no contemplaba multas o
sanciones en caso de incumplimientos. Tampoco existía acuerdo sobre programas y
proyectos en común a desarrollar ni mecanismos de fiscalización efectivos para
garantizar que los médicos contratados por el servicio cumplan con sus
funciones. No se aplicaba el formulario de consentimiento informado a los
pacientes que eran atendidos por alumnos, exigido por ley, ni se había
determinado la real capacidad formadora del hospital. Y aunque el convenio establecía
un pago anual por parte de la universidad de 11.100 UF, en 2011 se pagaron sólo
8.693 UF, sin que se justificara por qué no se canceló el total. Si bien había
equipos entregados en comodato, no habían sido incorporados al inventario del
hospital. Al año siguiente, entre marzo y diciembre de 2012, no hubo registros
de ningún tipo de retribución por el acceso a las instalaciones y pacientes del
hospital público.
Hoy
Pizarro explica a CIPER que el convenio entre el Félix Bulnes y la U. Mayor
sigue vigente, tras ser renovado en función de la nueva normativa, ya no a
cargo del SSMOC, sino que del mismo hospital, como corresponde al ser un
establecimiento autogestionado. Actualmente es sólo uno de los 18 hospitales
que la universidad utiliza como campo clínico en la Región Metropolitana (ver
información en su sitio web). Pizarro también dice que la doctora Claudia
Morales, directora de Medicina de la universidad y protagonista de varias de
las irregularidades detectadas por CIPER en 2011, ya no trabaja en el hospital.
Pero no da respuesta sobre qué pasó con los dineros que no se cobraron bajo su
gestión como director del Félix Bulnes.
Pero
no son las únicas platas desaparecidas. En el Instituto de Neurocirugía, la
Contraloría descubrió que el Departamento de Finanzas no verifica los datos de
la Secretaría de Docencia para emitir facturas (ver informe). Por eso había
diferencias importantes en las facturaciones de la USACH, la U. San Sebastián y
la U. Santo Tomás, con montos y formas de pago que no coincidían con lo
acordado. Esas tres universidades son parte de las siete instituciones que usan
como campo clínico el Instituto de Neurocirugía. Y cada convenio tiene sus
propias condiciones.
Algo
similar detectó la Contraloría en 2012 en la ex Posta Central cuando revisó el
convenio que se firmó con la Universidad Finis Terrae en 2010 (ver informe).
Aunque el contrato ya llevaba dos años vigente, aún no se constituía la
Comisión Local Docente Asistencial (COLDAS), entidad encargada según la
normativa de coordinar la relación y el correcto cumplimiento de los acuerdos.
No existían informes de gestión, las becas comprometidas por la universidad no
se habían ejecutado y faltaban registros contables de los pagos por alumnos,
entre otras irregularidades. Pero lo más grave no estaba en los convenios, sino
que fuera de ellos.
En
la ex Posta Central había 279 estudiantes de ocho casas de estudios. Al menos
93 eran “alumnos fantasma” que utilizaban el hospital como campo clínico sin
convenios de por medio. El establecimiento estaba copado. ¿Cuánto? Difícil
saberlo porque en el documento del Minsal sobre la capacidad formadora a nivel
nacional no aparece la información de ese recinto. De la UDP, según el informe
de la Contraloría, había siete estudiantes de Medicina sin relación formal con
el hospital. Entre las universidades de Los Andes e Iberoamericana sumaban
otros 14 de Enfermería en esa misma situación. Y de esa misma carrera, la U.
Andrés Bello tenía a 74 estudiantes sin registro haciendo uso de las
instalaciones públicas, de sus insumos y atendiendo a sus pacientes fuera de
toda regulación.
En
el Hospital Luis Calvo Mackenna ocurre lo mismo. Según los documentos que
entregó a CIPER la dirección del hospital infantil, hay convenios vigentes con
la U. de Chile y las universidades privadas Diego Portales, de Las Américas, de
Los Andes, Central, Andrés Bello y del Desarrollo. También hay un acuerdo con
el Instituto Profesional de Chile. Pero varios funcionarios consultados por
CIPER revelaron que en sus pasillos, laboratorios y salas de hospitalizados
circulan también alumnos de las universidades Autónoma, San Sebastián, de Talca
y de Concepción. CIPER le consultó al doctor Jorge Lastra, director del
hospital, por la presencia de estudiantes sin convenio. Lastra reconoció la
existencia de acuerdos para “pasantías menores” y agregó que algunos
practicantes pudieron llegar derivados por efecto del terremoto de 2010. Aunque
en el hospital se comprometieron a enviar la información respecto a esas
pasantías fuera de convenio, no lo hicieron. Lo que sí enviaron fueron los
contratos para usar el establecimiento como campo clínico que las universidades
firmaron no con el hospital, sino que con un tercero.
EL INTERMEDIARIO DEL
HOSPITAL DE NIÑOS
Las
universidades privadas acusan a las universidades públicas de acaparar la
mayoría de los hospitales. Los dardos apuntan principalmente a la Universidad
de Chile, que sólo en la Región Metropolitana tiene presencia en al menos 14
establecimientos, además de su propio Hospital Clínico (J.J. Aguirre). En el
San Juan de Dios su convenio es por tiempo indefinido. En el Instituto de
Neurocirugía y los hospitales Barros Luco, San Borja Arriarán, San José,
Roberto del Río y de Til Til, el vínculo es por 14 años. En el Instituto
Traumatológico es por 15, y en otros, como en el Hospital Luis Calvo Mackenna,
el contrato es por diez años. Con este último hospital el contrato incluye
además una cláusula de exclusividad: la U. de Chile es el único centro formador
(ver convenio). Lo que aparentemente no tiene explicación es que a pesar de la
exclusividad anterior, hay otras siete universidades que usan sus instalaciones
como campo clínico. Tienen convenios vigentes, pero no con el hospital, sino
que con una entidad privada: la Fundación
Aníbal Ariztía (Fundar).
Hospital Luis Calvo
Mackenna
Como
la normativa vigente sólo regula la relación directa entre los establecimientos
de la red pública de salud y las instituciones de educación superior, quedan
excluidos los convenios para el uso de campos clínicos entre particulares. La
norma no corre para la relación entre la Universidad del Desarrollo y la
Clínica Alemana, por ejemplo, o la Universidad Católica con su red de Salud.
Por eso, los convenios del Calvo Mackenna están en un terreno poco claro: el
campo clínico, los pacientes, los insumos y los equipos son públicos, pero el
contrato es entre privados.
-El
subdirector académico del hospital es quien se relaciona con la Fundar y la
mandata para firmar convenios con universidades consideradas estratégicas para
el hospital. Lo que hace la fundación es administrar los recursos provenientes
de esos convenios, que pueden ser aportes directos de dinero o
contraprestaciones –dice la doctora Isabel Álvarez, presidenta de la Fundar.
El
director del Hospital Luis Calvo Mackenna, Jorge Lastra, explica a CIPER que el
uso de un intermediario ayuda a mejorar su gestión financiera y a disponer de
recursos en áreas para las cuales el hospital no tiene glosa. “No hay espacio
para que la Fundar tome decisiones respecto del destino de los recursos ni de
cuántos son sin que el hospital lo sepa”, dice Lastra.
Casi
todos los convenios de universidades con la Fundar duran 12 meses y, por lo
tanto, están a punto de caducar. CIPER le preguntó a Lastra si elaboraría
nuevas bases y haría un llamado público, como establece la normativa del
Minsal. Su respuesta fue: “No, sólo conversaremos con las mismas universidades
que están terminando para renovar los convenios. Nuestro plan es ordenarnos,
entonces no estamos en plan de abrirnos. Si hay otras universidades tocando la
puerta no nos interesa”.
El
problema es que son muchas las universidades e institutos que necesitan con
urgencia un campo clínico. La Universidad Pedro de Valdivia, por ejemplo, ya perdió
el Hospital de Talagante, por lo que comenzará 2015 sin campo clínico (ver
reportaje de CIPER). La mitad de los convenios de la Universidad Andrés Bello
dejarán de estar vigentes a fines de 2014. Las universidades de Los Andes,
Central e Iberoamericana perderán al menos dos convenios cada una al terminar
este año. Y muchas otras dejarán de tener vínculos vigentes con los distintos
hospitales de la capital. El caso más drástico es lo que ocurrirá en el
Hospital de El Salvador, donde los 18 convenios vigentes dejarán de estar
operativos simultáneamente. Lo más probable es que la mayoría de esos convenios
sean renovados de forma automática por un nuevo período.
Mientras
las universidades mueven sus piezas en el mercado para asegurar a sus alumnos
el acceso a pacientes para el próximo año, en el Hospital San José de Melipilla
aún pena el error mortal que acabó con la vida de tres personas. Lejos de la
tranquilidad que expresó el martes pasado a la prensa su directora subrogante,
la doctora Mónica Vittini, a meses del accidente aún subsiste una desconfianza
generalizada de los pacientes (y sus familiares) que acuden al centro de salud.
CIPER
visitó el lugar y conversó con algunos de ellos. Cecilia lleva a su hijo a
controles mensuales al Hospital de Melipilla y no puede dejar de pensar en el
episodio del 6 de agosto. Por ello, mira siempre quiénes están examinando a su
hijo y si son practicantes pide que la revisión la haga un profesional.
Alejandra está en igual situación. Su hija lleva más de un mes hospitalizada y
cada vez que una enfermera quiere realizar un procedimiento llama a un doctor
para que supervise.
La
dirección del hospital está a la espera de que la Contraloría apruebe el
sumario para aplicar las sanciones correspondientes. Mientras tanto, en los
pasillos, salas de urgencia y pabellones cuelgan papeles con instrucciones para
pedir a los funcionarios que revisen hasta tres veces las dosis y los
medicamentos antes de aplicarlos a los pacientes. El convenio con la
Universidad del Pacífico sigue vigente, sin ningún cambio. También sigue
abierta la investigación que inició la Fiscalía Metropolitana Occidente para
indagar posibles implicancias penales.