El flamante negocio de los sostenedores de colegios
con las ATE y la Subvención Escolar Preferencial
TOMADO del profesor PEDRO CISTERNAS (Concejal Iquique) Entre los grupos más
grandes de sostenedores, incluso más del 90% de la Subvención Escolar
Preferencial que recibe un colegio va a parar a una Agencia de Asistencia
Técnica Educativa (ATE) propiedad del mismo dueño de ese colegio. Aunque está
prohibido por ley, los sostenedores educacionales más poderosos hallaron la
fórmula para hacer negocios con las platas destinadas a los niños más
vulnerables del país.
Según cifras de la
Superintendencia de Educación, los colegios en Chile han destinado, en
promedio, un 9% de las platas que reciben por concepto de Subvención Escolar
Preferencial (SEP) a la contratación de servicios en el ítem “Asesorías
técnicas y capacitación”, los que por ley deben ser entregados por consultoras
especializadas, las llamadas ATE (Agencias de Asistencia Técnica Educativa).
las rendiciones de
gastos de los colegios pertenecientes a los grupos más grandes de sostenedores
particulares subvencionados que reciben la SEP, aquellos que manejan más
recursos y que cuentan con la matrícula más abultada del sector. Son
los mismos que, agrupados en la Conacep, se han opuesto con fuerza a la reforma
que impulsa el gobierno.
Todos los grupos
revisados tienen fines de lucro, y todos superan con creces el promedio
nacional de 9% de la SEP destinado a Asesorías a través de ATE, las
mismas empresas que han estado en el ojo del huracán por las indicaciones presentadas
por la diputada Yasna Provoste que buscan prohibirles el fin
de lucro.
Por ejemplo, la
Escuela Básica N° 128 de San Ramón recibió el 2012 $93.348.968 de Subvención
Escolar Preferencial para mejorar el nivel educacional de sus alumnos más vulnerables.
De ese total, destinó $85.939.540 –el 92,06%– para contratar los servicios de
la ATE Fundación Educacional Gabriela Mistral. El dueño de esa escuela
particular subvencionada es Jorge Cifuentes Narváez, y el dueño de la ATE es su
hijo, Alejandro Cifuentes Cubillos. El negocio queda en familia.
El lucro con los
fondos SEP está prohibido, pero no la firma de contratos entre colegios y ATE
que sean propiedad de las mismas personas. Según expertos, por esta vía los
sostenedores de colegios han logrado burlar la ley y lucrar con los fondos
destinados a los niños más pobres de Chile.
La Ley SEP, promulgada
el 2008, aumentó la subvención para los estudiantes pertenecientes a los
sectores más vulnerables del país. Definió que cualquier niño o niña cuya familia
esté inscrita en el programa Chile Solidario, en el programa de Ingreso Ético
Familiar, dentro del tercio de menor puntaje de la Ficha de Protección Social,
o clasificado en el tramo A de Fonasa, tendrá un mayor aporte por parte del
Estado en su respectivo colegio.
Los sostenedores de
los colegios pueden gastar esos recursos en actividades asociadas al Plan de
Mejoramiento Educativo, el que deben presentar al Mineduc al momento de
postular para obtener los fondos SEP. La idea es que los establecimientos puedan
mejorar sus índices de calidad –medidos a través del Simce–, gracias a los
recursos adicionales. Está prohibido que lucren, o sea, que extraigan
ganancias, con esas platas.
Hace meses que un
equipo del Colegio de Profesores detectó que el gasto que varios colegios
destinaban a la contratación de asesorías externas, a través de ATE, era
excesivo .El colegio de Profesores elaboró una lista con 15 establecimientos
que presentan un porcentaje elevado de gasto de platas SEP en contratación de
Agencias de Asistencia Educativa.
A partir de los datos
presentados por los profesores y revisó la situación de los colegios a cargo de
los cinco grupos de sostenedores más grandes del país que acceden a fondos SEP:
aquellos que más reciben por subvención y que cuentan con la mayor cantidad de
alumnos a su cargo.
En esta investigación
se contrastaron las bases de datos facilitadas por la Superintendencia de
Educación con la información disponible en los registros públicos del
Ministerio de Educación, llegando así a los porcentajes de fondo SEP que cada
establecimiento destinó durante el 2012 a la contratación de una ATE. Además,
se rastrearon las ATE utilizadas, llegando a la conclusión de que en cuatro de
los cinco casos revisados los sostenedores pagaron suculentas sumas de dinero a
empresas cuya propiedad comparten.
LOS HEREDEROS DE
FILOMENA
Filomena Narváez es
una ex profesora normalista que a inicios de los 90 se involucró en el negocio
de los colegios particulares subvencionados. Junto a su sobrino, Jorge Cifuentes
Narváez, actualmente poseen 19 colegios, divididos en dos grupos: los que
dependen directamente de ella y los que están a cargo de su hijo.
Los establecimientos a
cargo de Jorge Cifuentes Narváez, cuyos nueve recintos –con
una matrícula de 9.516 alumnos, según cifras entregadas por Ciper
Chile– gastaron buena parte de la SEP en pagar una
ATE propiedad de la familia, la Fundación Gabriela Mistral, la que, a pesar de
su nombre, tiene fines comerciales.
Los datos de la
Superintendencia dan cuenta de que solo el 2012 esta ATE obtuvo $705.732.388,
gracias al pago realizado por los seis colegios de Cifuentes que ese año
accedieron a la subvención SEP. De ese grupo, la Escuela Básica N° 128 de San
Ramón fue la que destinó la mayor parte de esos fondos al pago de ATE, el
92,06% del total. Le siguió el Complejo Educacional Particular de Las Acacias,
que se gastó el 73,43% de esa subvención especial en pagos a la ATE de la
familia.
Más atrás aparece el
Colegio Particular N° 2 de Ñuñoa, que ocupó el 69% de las platas SEP en pagos
de asesoría; luego, el Colegio Nobel Gabriela Mistral, 67,98%; Colegio
Politécnico Particular Conchalí, 57,77%; y el Colegio Particular N° 1 de Ñuñoa,
54,24%.
La ATE de la familia,
Fundación Educacional Gabriela Mistral, es propiedad de Alejandro Cifuentes
Cubillos, hijo de Jorge Cifuentes Narváez, y se inscribió en el Registro ATE el
7 de septiembre del 2009. En julio de este año el Ministerio de Educación la
sacó del registro oficial, debido a que no revalidó a tiempo la ficha con su
información general, ni la de sus profesionales, ni tampoco la de uno de los
servicios que ofrecía. Sin embargo, esta decisión no es definitiva y, apenas la
consultora se ponga al día con esa documentación, podrá volver a formar parte
del registro.
EL NEGOCIO FAMILIAR DE
OLIVA
Los vínculos de los
colegios de Oliva con alguna ATE propiedad de sus parientes no se quedan en la
empresa que posee su ex cónyuge. Según los datos de la Superintendencia, una de
las consultoras que más recibió recursos provenientes de la SEP durante el 2012
fue Innovación Tres, cuya dueña y representante legal es Aurelia Munizaga, la madre
de Walter Oliva. En total, los colegios de su hijo le aportaron $443.830.500 en
solo un año.
De los ocho colegios
que posee el DC, solo tres obtuvieron fondos SEP durante el 2012: Colegio
Teniente Dagoberto Godoy, Escuela Particular Dagoberto Godoy y Liceo Teniente
Dagoberto Godoy N° 3. Sumados, los tres recintos tienen una matrícula de 4.758
alumnos y destinaron $520.507.453 al pago de asesorías ATE. La mayor parte a
Innovación Tres.
Desglosado por
colegio, el Liceo Teniente Dagoberto Godoy N° 3 se gastó el 71,50% de su fondo
SEP en pagos a ATE, no muy atrás quedó la Escuela Particular Dagoberto Godoy
con 69,60%, y el Colegio Teniente Godoy con 66,60%.
En Innovación Tres,
que funciona en las oficinas centrales de la Red Educacional Crecemos –a cargo
de los colegios de Walter Oliva–, dicen que su margen de ganancia no supera el
10% “lo cual es inferior a los márgenes con que operan otras instituciones de
asistencia técnica en educación”.
En la ATE dicen que
comenzaron a operar el 2000 con el fin de potenciar y mejorar la educación que
entregan en sus colegios, y que “desde sus inicios esta prestadora de servicios
ha desarrollado sus áreas de gestión escolar y gestión administrativa, que
hacia el año 2010 se certificó como ATE para ampliar y desarrollar de mejor
forma el know howadquirido, apresurando las áreas de gestión
curricular, liderazgo y convivencia. Esta consultora, en conjunto con otras ATE
han contribuido al desarrollo de los PME (Proyecto de Mejoramiento Educativo)
de cada uno de los colegios adheridos a convenios SEP en las áreas previamente
señaladas utilizando sus plataformas humanos, materiales y financieros (sic)”,
señalan.
Periódicamente, la
Superintendencia les pide a los colegios que han contratado servicios de ATE
que evalúen a las consultoras en una escala de 1 a 7 en distintos ítems. La
evaluación de Innovación Tres oscila entre el 6,8 y el 7. Quienes ponen las
notas son los sostenedores y los directores de los colegios que las
contrataron. Entre las referencias de la ATE de Aurelia Munizaga aparecen solo
los tres colegios de su hijo que le pagaron servicios durante el 2012.
En el equipo de
trabajo de esta empresa aparece Claudia Peirano, quien ha realizado asesorías
de gestión pedagógica a los colegios Dagoberto Godoy. A pesar de esto, Peirano
también los ha asesorado por fuera mediante la ATE de su propiedad, Grupo
Educativo, la que el 2012 recibió $29.700.000 por parte de los colegios de
Oliva, y cuyas notas de evaluación van desde el 6,7 al 7.
Grupo Educativo
también ha prestado asesorías a los colegios José Abelardo Núñez, en los que se
repite la lógica de alto gasto en ATE que a su vez son propiedad de la familia
dueña de los establecimientos.
LA RED “JAN”
La red de educación
José Abelardo Núñez (JAN) cuenta en la actualidad con más de 6 mil estudiantes
en sus cinco colegios, ubicados en las comunas de El Bosque, Huechuraba, San
Bernardo y Puente Alto. El profesor normalista Francisco Salazar comenzó a
levantar la red en 1978 con la creación del primer establecimiento de su propiedad.
Según los datos de la Superintendencia, tres de sus colegios gastaron
$253.175.073 en pagos a ATE durante el 2012. La mayor parte de los gastos fue a
parar a la consultora de Francisco Salazar Parra, hijo del dueño de la red.
También en este caso
los porcentajes de gasto en Asesoría Técnica y Capacitación por parte de los
colegios de la red sobrepasan por mucho el promedio nacional de 9%. El Centro
Educacional José Abelardo Núñez N° 1 destinó el 66-69% de sus platas SEP al
pago de ATE; la Escuela Básica José Abelardo Núñez N° 3, el 53,43%; el Colegio
Particular José Abelardo Núñez, el 43,52%; y el Colegio José Abelardo Núñez
Murúa, el 14,94%.
La mayor cantidad de
recursos de los colegios José Abelardo Núñez fue a parar a la ATE Asesoría en
Gestión Escolar DGE, de propiedad del hijo del dueño, Francisco Salazar Parra.
Esta consultora, que ofrece 46 tipos de asesoría distintos en el registro de la
Superintendencia, ha colaborado también con otros establecimientos, como el
Colegio Polivalente José Abelardo, de Huechuraba, y la Escuela Particular San
Guillermo, de Puente Alto. Su evaluación oscila entre el 6,9 y el 7.
El dueño de DGE,
Francisco Salazar, no quiso hacer mayores comentarios: “La consultora que
represento asesora, tal cual como lo permite la legislación vigente, a esta y
otras instituciones. En virtud de la confidencialidad que nos exigen nuestros
clientes respecto de los servicios que prestamos no haré más comentarios”.
De forma
complementaria, los colegios JAN también contrataron los servicios de otra ATE,
Aptus –sin fines de lucro–, dependiente de la Sociedad de Instrucción Primaria,
de Patricia Matte, y de la Fundación Reinaldo Solari, propiedad de la familia
controladora de Falabella. Aptus atiende a más de 150 colegios en todo el país,
y solo de los colegios José Abelardo Núñez recibió $187.741.424 el 2012.
LA MULTITUD DE LOS
HASBÚN RAMÍREZ
Los colegios asociados
a la familia Hasbún Ramírez son 19, con más de 20 mil alumnos, constituyen la
red más grande dentro de los particulares subvencionados. De ese total, once
establecimientos recibieron Subvención Escolar Preferencial durante el 2012.
Esos once colegios agrupan a 14.577 estudiantes, según la información dada a
conocer por Ciper Chile.
Los porcentajes de los
fondos SEP que los colegios Hasbún Ramírez destinaron a pagar asesorías de ATE
varían entre el 29% y el 79%. Todos, sobre la media nacional de 9%. El que más
dinero gastó en este ítem fue el Complejo Educacional San Alfonso, con el
79,96%, seguido por el Colegio Polivalente Saint Orland, con el 69,73%, y la
Escuela Básica Tomás Moro con el 63,38%.
Este grupo de colegios
es el único cuya ATE no aparece ligada directamente a la familia controladora.
Todos los colegios investigados utilizaron los servicios de la consultora
Asesorías Pedagógicas de Chile, cuyo representante legal es Cristian Prieto
Díaz, y su encargado de inscripción en el registro de la Superintendencia es
Víctor Bencini Vernik, quien al ser consultado no quiso
entregar mayores detalles sobre su trabajo y tampoco respondió si tenían algún
tipo de vínculo personal con la familia dueña de los colegios: “Nuestro trabajo
está orientado a entregar asesoría técnica a los colegios. No haré ningún tipo
de comentario al respecto”.
Esta ATE recibió el
2012.- $607.252.605 por parte de los colegios de la familia Hasbún Ramírez.
CEMSU EDUTEP
El grupo de colegios
Cemsu Edutep, de propiedad de los hermanos Jorge y David Valenzuela Rudy,
además de Leyla Armijo, posee cinco colegios, de los cuales dos recibieron
fondos SEP durante el 2012: Colegio San Sebastián de Quilicura y el Colegio
Particular Politécnico Eyzaguirre.
El primero gastó el
38,07% de su subvención SEP en pagos a ATE, mientras el segundo destinó el
45,07% al mismo ítem. En total, $122.947.500 que fueron a parar a la consultora
Aseduc, cuya propiedad posee en un 33% Guillermo Valenzuela Rudy, hermano de
los dueños de los colegios.
En el Registro ATE de
la Superintendencia no aparecen evaluaciones para esta consultora, aunque sí
los cinco servicios que ofrece: asesoría en el mejoramiento de procesos
institucionales, diagnóstico de aprendizajes claves, monitoreo a la gestión del
plan de mejoramiento, resolución de conflictos y “mejoremos para construir”.
EL “DESPELOTE”
La fiscalización de
cómo se gastan los fondos SEP por parte de los colegios ha estado en la mira de
las autoridades desde hace años. El último intento fiscalizador es de la Cámara
de Diputados, la que constituyó una Comisión Investigadora para indagar el
destino de millonarios recursos fiscales destinados a platas SEP, las que han
sido mal utilizadas por los municipios, según advirtió la Contraloría.
Fue en una de las
sesiones de esta comisión que el Contralor General de la República, Ramiro
Mendoza, aseguró que en este tema “hay una cultura del despelote”, y que el
Mineduc fiscaliza “en la medida de lo posible”. Pese a que la Comisión se
constituyó solo para revisar lo sucedido en la educación municipal con estos
recursos, sus integrantes acordaron preguntar en la Sala respecto a poder
ampliar sus facultades e investigar lo que sucede con estos recursos en la
educación particular subvencionada.
El jefe de la División
de Educación General del Mineduc, Gonzalo Muñoz, asegura que “hoy el marco
legal permite que a través de una ATE los sostenedores lucren con recursos
públicos, y es por eso mismo que el proyecto de ley enviado al Parlamento
prohíbe las operaciones entre entes relacionados, condición esencial para
frenar esta situación”.
Asimismo, Muñoz indica
que “como MINEDUC ya estamos trabajando en el diseño de un sistema de
certificación de la calidad de las ATE, pues creemos que la pertinencia y
calidad de estos apoyos, salvo algunas excepciones, es un desafío pendiente”.
Entre el Mineduc y los
parlamentarios de la Nueva Mayoría que son parte de la Comisión de Educación de
la Cámara existe una diferencia respecto a si las ATE pueden o no tener fines
de lucro. Fuentes del Ministerio aseguran que mientras no existan vínculos
entre los dueños de los colegios y los dueños de las consultoras, no habría
problema, pero los diputados rebaten que, si se deja abierta la posibilidad de
hacer negocio, los sostenedores podrían encontrar alguna fórmula para burlar la
ley, como “intercambiar ATE”.
El experto en
educación, y asesor del Mineduc en la redacción de leyes, Cristián Bellei,
plantea que el problema no es la existencia de las ATE, sino que estas sean
propiedad de los mismos sostenedores de los colegios: “La noción de que las
escuelas reciban servicios de asesoría técnica educativa externa, ya sea de las
universidades, centros académicos independientes, fundaciones, consultoras o
expertos individuales, como complemento para sus proyectos de mejoramiento
escolar, es una buena idea. Pero esta idea se desnaturaliza si son los propios
sostenedores o empresas relacionadas las que se ‘autoasesoran’”, asegura el
investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la
Universidad de Chile.
Bellei cuestiona
además el proceso de evaluación para las ATE que utiliza el sistema: “La propia
ley SEP solicita a los usuarios que evalúen estos servicios, para ver si
permanecen autorizados por el Mineduc para ser contratados con fondos SEP. ¿Qué
autonomía u objetividad tiene esa evaluación cuando son empresas del propio
sostenedor?”, se pregunta.
El Colegio de Profesores, sostiene que se debe
endurecer la norma para evitar que los fondos SEP se desvíen de su objetivo
inicial, que es mejorar la calidad de la educación de los niños más pobres:
“Cuando un sostenedor gasta más del 70% de las platas SEP en una ATE que es de
él mismo, les está robando esa plata a los niños vulnerables, y además está
lucrando y violando la norma de la Ley SEP. Esto demuestra que el lucro tiene
muchas aristas y que. Ahora que se está debatiendo el tema del lucro, no vemos
suficiente firmeza en la norma que se está discutiendo en el Congreso para que
sea algo efectivo. Las ATE son un ejemplo de ello, porque son una forma de
desviar recursos”, plantea el dirigente.
COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE
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