"Partido Comunista
y crisis de la Universidad Arcis"
Señor
director:
En
respuesta a las aseveraciones formuladas en el editorial de La Tercera del 27
de octubre, es necesario precisar lo siguiente:
Los
estudios de postgrado de la Universidad Arcis se han desarrollado desde 1991
con la emergencia de cuatro magister y dos doctorados. En 2006 se creó la
Dirección de Postgrado y en 2008 pasó a
denominarse Escuela Latinoamericana de Estudios de Postgrado (Elap).
Fue en ese momento cuando se firma el
convenio con la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho de la República Bolivariana
de Venezuela, agregándose otros cuatro programas.
A
la fecha, la Escuela Latinoamericana de Estudios de Postgrado (Elap) cuenta con
13 programas de magister y dos doctorados formando a más de mil estudiantes de
distintas nacionalidades del continente. Al revisar la trayectoria de Elap se
evidencia que su vitalidad ha dependido
de su capacidad innovadora en propuestas de postgrado, que han sido reconocidas
en su campo. Ha sido su prestigio en las áreas de docencia, investigación,
publicaciones y extensión el que ha permitido seguir desarrollando el proyecto
más allá del debate y la coyuntura crítica que ha afectado al Partido Comunista
de Chile, manteniendo sus actividades en forma regular. Por eso resulta
temerario aseverar que la escuela de postgrado es sólo producto de un sistema
de cooperación con Venezuela, como si su
existencia hubiera estado supeditada al
futuro de tal convenio.
No somos una ficción. Tenemos
nuestra tradición académica vigente.
Francisca
Quiroga
Directora
Magíster en Políticas Sociales y Gestión Local
Elap, U. Arcis
El Partido Comunista y
la crisis de la U. Arcis
La
caótica situación se produjo mientras el PC fue su controlador, pero la
dirigencia y sus líderes políticos han preferido guardar silencio.
27/10/2014
LA
CRISIS financiera por la que atraviesa la Universidad Arcis ha motivado una
investigación del Ministerio de Educación, la conformación de una comisión
investigadora de la Cámara de Diputados y posiblemente arriesga a transformarse
en el primer plantel que será intervenido por el gobierno bajo la nueva ley
referida al tema. Los antecedentes que han llevado a su posible colapso -que
fueron dados a conocer hace algunos meses por una investigación de Ciper Chile-
justifican los cuestionamientos, pero las personas y entidades vinculadas al
Partido Comunista -que eran los controladores de la universidad hasta diciembre
del año pasado- han eludido su responsabilidad en la debacle académica y
financiera por la que hoy atraviesa el plantel.
Hay
un tema de fe pública comprometido en este caso, pues quien oficiaba como
secretario general de ese partido -y que hoy ostenta el cargo de asesor del
Ministerio de Educación- aseguró que “su partido no obtuvo ni un peso de la
Arcis”, y que, por el contrario, “perdió dinero”. Esas aseveraciones se
contraponen con los antecedentes que han salido a la luz, y que dan cuenta de
que para efectos de tomar el control de la universidad, el Partido Comunista
formó junto a otros socios una sociedad inmobiliaria (Libertad) que se hizo propietaria
de los activos del plantel y por los cuales cobraba arriendo. El PC participaba
en dicha sociedad a través de dos entidades ligadas a éste: la ONG Ical y
Ediciones Ical. A pesar de la estrechez económica que se fue haciendo evidente
progresivamente, Libertad no tuvo problemas en distribuir dividendos por cerca
de $ 600 millones, lo que pone en duda la versión aludida.
Es llamativo que las
mismas prácticas que el Partido Comunista ha denunciado como escandalosas en el
sistema universitario privado -su consigna de “fin al lucro” ha animado
poderosamente al movimiento estudiantil- las haya replicado sin reservas
mientras gestionó la universidad. Es materia de investigación por parte del
Ministerio de Educación si acaso hubo irregularidades en dichas operaciones,
pero cuando menos hay una incoherencia injustificable de parte del partido
frente a la opinión pública, y el silencio que sus principales dirigentes,
diputados y líderes sociales han mantenido frente a estos hechos resulta
ominoso.
La
dirigencia comunista tampoco ha logrado dilucidar las suspicacias que se han
generado por su abrupto retiro en la gestión de la universidad, en diciembre de
2013, muy poco antes de que asumiera el gobierno de la Nueva Mayoría. La
comisión investigadora de la Cámara de Diputados ha puesto especial énfasis en
los fondos que la universidad recibió de parte del gobierno de Venezuela
-autorizados por el fallecido Presidente Hugo Chávez-, y que de acuerdo con los
antecedentes conocidos habrían alcanzado US$ 13 millones, aunque el PC ha
cuestionado esa cifra. Consta que a través del Banco Nacional de Desarrollo
Económico de Venezuela, la universidad recibió US$ 9 millones, como parte de un
convenio de asistencia económica no reembolsable, con el objetivo final de establecer
en la universidad la Escuela Latinoamericana de Estudios de Posgrado. Dicho
proyecto no prosperó, como tampoco el agresivo plan de expansión de la
universidad en regiones. Por ello, es de interés público dilucidar cuál fue el
destino exacto de esos fondos -la propia naturaleza “no reembolsable” ya
resulta discutible- y por qué, pese a su cuantía, igualmente se produjo el
colapso financiero de la Arcis.
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