Milicogate: El gran robo del fondo reservado del cobre.

LA INSTITUCIÓN Y EL GOBIERNO CONOCÍAN LOS HECHOS HACE MESES

Milicogate: El gran robo del fondo reservado del cobre

Los desfalcos comenzaron en 2010, durante los albores del gobierno del presidente Sebastián Pïñera y continuaron hasta marzo de 2014, cuando despuntaba el segundo mandato de Michelle Bachelet. El comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, admitió al ex ministro de Defensa Jorge Burgos que su institución pagó cientos de facturas falsas, no reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos. Uno de los involucrados, el cabo Juan Carlos Cruz, gastó 140 millones en el casino Monticello. Estos son los coletazos del “Milicogate”.

Millones de dólares desaparecieron de los fondos reservados del cobre a través de cientos de operaciones fraudulentas que comenzaron en 2010, según prueban inéditas conversaciones grabadas en secreto por oficiales del Ejército, además de numerosos documentos en poder de la Justicia Militar a los que accedió en exclusiva The Clinic. “Yo asumo el error como usted me lo está planteando”, dijo el coronel Clovis Montero, principal imputado y detenido en el caso, en un diálogo privado de más de una hora con el general Jozo Santic, el cual fue mantenido en reserva hasta hoy.

Montero, tras admitir sus faltas, dijo que lamentaba la actitud de sus superiores. “¿Cuántas veces yo me di cuenta de cosas y llamaba a la persona que me pedía (favores) y no al que firmaba para que resolviera el tema? ¿Cuántas veces lo hice yo como tesorero del Estado Mayor? Usted sabe las facturas que me llegaban de (La Casa Militar) de Lo Curro, por seis o siete millones”, insistió Montero ante el general Santic. El general, tras enrostrarle reiteradamente su error a Montero, le planteó además que fue desacertado de su parte confiar en el cabo Juan Carlos Cruz, el otro detenido en el caso. “Si esto mismo te lo hubiera pedido (el coronel) Fernando Grossi, se habría arreglado entre caballeros”, opinó Santic.

Al caso que se refiere el general Santic es el desfalco a los fondos de la Ley Reservada del Cobre, cuyas primeras luces de alarma estallaron el 2 de abril de 2014, tal como denunció The Clinic en marzo de este año. En esa fecha fueron descubiertos los primeros indicios de la defraudación. Estas operaciones, que inicialmente involucraron 103 millones de pesos, ascenderían ya a miles de millones de pesos y la Justicia Militar continúa las pesquisas. El mayor problema hasta ahora es cerrar el cerco sobre otros implicados en el caso, que está bajo la investigación de la abogada Paola Jofré de la VI Fiscalía Militar.

LOS HECHOS: La primera versión de los ilícitos, recogida en abril de 2014 y admitida por los propios involucrados, apuntó a que existía una defraudación ocurrida solo entre enero y marzo de 2014. La irregularidad correspondía a compras falsas de repuestos para autos militares efectuadas a través de la empresa Frasim, representada por Francisco Javier Huincahue, un proveedor habitual de la institución en el rubro “material de guerra y repuestos”.

Frasim, sociedad domiciliada en un humilde sitio de calle Santa Teresa 408, en la comuna de Estación Central, emitió diez facturas por repuestos de autos militares que jamás fueron entregados. El cabo Juan Carlos Cruz, quien solicitó al Tribunal Constitucional en febrero que se pronuncie sobre la legalidad de que la causa sea investigada simultáneamente en tribunales civiles y militares, admitió además haber recibido 15 millones de pesos en sobornos en esta sola operación. El coronel Montero, tras ser descubierta la operación en 2014, contactó urgente a Huincahue y le pidió que Frasim devolviera el último pago recibido por 53 millones de pesos. Huincahue accedió y pasó a Montero un vale vista del Banco de Crédito e Inversiones, el que el coronel entregó a su vez al tesorero del Ejército, su amigo, el general Samuel Poblete, en el estacionamiento del Edificio Bicentenario.

Pero nada detuvo la avalancha judicial y las pesquisas prosiguieron. De hecho, casi nadie cree en la Justicia Militar que un cabo y un coronel pudieran cometer por sí solos esta enorme defraudación fiscal. Sobre todo, porque las facturas de la Ley Reservada del Cobre deben seguir una serie de procedimientos antes de ser pagadas a las proveedores. Primero, llegan al Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), luego pasan al Departamento de Planificación Financiera, donde son revisadas e introducidas digitalmente en el Sistema de Finanzas del Ejército (Sifie), para luego pasar por Tesorería para su pago. Mensualmente, además, el Estado Mayor revisa los saldos que quedan de los decretos supremos que autorizan los giros de los fondos reservados del cobre. Con esos remanentes se pagan operaciones como las vinculadas a estas defraudaciones.

Por ser fondos reservados además, la Contraloría General de la República carece de autoridad para fiscalizar estas operaciones. Ni siquiera el Congreso puede inmiscuirse en la definición de los armamentos a comprar tampoco. Hoy, sin embargo, The Clinic revela por primera vez en la historia de Chile los decretos secretos con que los militares y el gobierno han autorizado el gasto de miles de millones de dólares en armas, como muestran oficios firmados por los ex ministros Andrés Allamand, Rodrigo Hinzpeter, Felipe Larraín, Jaime Ravinet y Nicolás Eyzaguirre, entre otros (ver documentos).

De esos recursos, cientos de millones de dólares fueron destinados a los proyectos Rotor, Centauro, Llaca, Kutrul, Llaitún y Limbo, para lanzamientos de misiles, nocturnización de equipos y compras de helicópteros, entre otros ítems.

UN NEGOCIO INQUIETANTE. En sus primeras declaraciones ante la Justicia Militar, el coronel Clovis Montero admitió que intercedió en el caso de Frasim para obtener las facturas que el cabo Cruz le solicitó para la División de Mantenimiento, en especial para un supuesto beneficio del general Héctor Ureta, jefe de esa área. “Pero yo no recibí dinero alguno”, aseguró Montero, oficial de la Contraloría del Ejército, quien además dijo desconocer quiénes eran los demás beneficiarios de la operación.

El cabo Cruz, quien admitió que falsificó la rúbrica del general Ureta, aseguró a la Justicia Militar que la iniciativa fue de Montero y dijo que sus superiores directos en el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), el coronel Fernando Grossi y el coronel Marco Maturana, desconocían los hechos, pese a que sus firmas están en la cadena de documentos. Las pesquisas, sin embargo, revelaron rápidamente que eran varias las empresas involucradas en operaciones similares con los fondos de la Ley Reservada del Cobre, cuyos recursos han sido solicitados por diversos actores políticos para financiar programas sociales. Ya en mayo de 2014, el tesorero del Ejército, el general Samuel Poblete, detectó que fueron falsificadas las firmas del coronel Pedro Ferrer (ver documento) en operaciones por 303 millones de pesos a través del proveedor Raúl Fuentes Quintanilla y en otros 50 millones cuestionados de Frasim, propiedad de Francisco Huincahue.

Ante la escalada de denuncias, la fiscal militar Paola Jofré pidió periciar el servidor de respaldo del Departamento de Apoyo y Planificación Financiera del Comando de Apoyo a la Fuerza, donde trabajaba el cabo Cruz, hoy detenido en el Regimiento de Telecomunicaciones. Sin embargo, la diligencia no fue posible debido a que ese equipo computacional fue inutilizado por desconocidos como explicó en su informe el perito Carlos Agurto, de la Sección de Informática y Computación del Ejército. En mayo de 2014, el coronel Montero cambió por primera vez su declaración y admitió que tras gestionar un primer pago por 50 millones a Frasim en marzo del año pasado, se juntó con el dueño de esa empresa, Francisco Huincahue, quien le pasó unos 35 millones en una bolsa negra, en los estacionamientos del Club Hípico. Huincahue confirmó los hechos a la Justicia. “El dinero se lo entregué al coronel Montero en forma física, millón por millón, estando yo sentado en el asiento del copiloto de su auto”.

“Luego de esto me fui a mi oficina y en el estacionamiento del edificio Bicentenario le pasé la bolsa al cabo Cruz”, agregó Montero ante la fiscal Jofré. Días después reveló a la fiscal que Cruz estaba acompañado por el empleado civil Danilo Alarcón Báez de la Dirección de Finanzas del Ejército. Este último niega los hechos. El cabo Cruz, quien admitió a la Justicia Militar que incluso falsificó los timbres institucionales en un comercio de calle Nueva York, admitió que las facturas fraudulentas pagadas a Fuentes Quintanilla eran de su autoría, aunque inicialmente involucró a sus colegas de oficina, el sargento Meléndez, la cabo Liliana Villagrán, la cabo Jacqueline Carrasco, el cabo Víctor Donoso, la cabo Natalie Cordero, el cabo Mauricio Valdebenito y el cabo Víctor Retamal.

Los pagos a la empresa de Raúl Fuentes Quintanilla, tras pasar todos los controles, fueron autorizados en última instancia por la Tesorería del Ejército. Raúl Fuentes Quintanilla, en tanto, admitió a la Justicia que efectuaba múltiples tratos directos con militares, sin licitación alguna. No obstante, aseguró no recordar los nombres de esos militares, ni de quien escribía las facturas en su empresa. Ya en junio de 2014, con los nuevos antecedentes, la Contraloría del Ejército envió un informe reservado a la Comandancia de Apoyo a la Fuerza, detallando que las facturas falsas de Frasim ascendían a 127 millones de pesos y que las de Raúl Fuentes Quintanilla superaban los 303 millones de pesos.

Fue el inicio de la escalada. El 25 de junio de 2014 el jefe de Adquisiciones del Ejército, coronel Ricardo Hernández, alertó a la Fiscalía Militar de una nueva arista. Raúl Fuentes, el cuestionado proveedor de insumos automotrices, figuraba también como gerente general de Capellán, empresa creada en enero de 2013, la que también era proveedora del Ejército. Fue en ese momento en que el Consejo de Defensa del Estado ingresó en la causa, representado por la abogada Patricia Dibarrart. En esas semanas también el coronel Montero entregó a la Justicia Militar la grabación de una conversación telefónica que mantuvo con Danilo Alarcón.

– ¿Por qué el huevón (Cruz) hizo la firma (falsa), huevón? -preguntó Clovis Montero desde su casa.

– Porque el huevón es porfiado -respondió Alarcón.

Ambos, además, hablaron sobre qué habría hecho Cruz con los dineros defraudados.

– Qué sé yo dónde tiene la huevá… si es que la tiene -apuntó Alarcón en el informe emitido por el perito en sonido Rodrigo Tapia de Investigaciones.

En septiembre pasado el caso escaló por primera vez institucionalmente hasta el ministerio de Defensa, cuando el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Gabriel Gaspar, envío un reporte con todas las facturas pagadas a Frasim con fondos de la Ley Reservada del Cobre entre junio y noviembre de 2013. El monto superaba los 370 millones de pesos, en un total de 117 operaciones. A ese monto se sumaban los millones defraudados en 2014 con facturas de Frasim y los de Raúl Fuentes por 370 millones hasta ese momento. La causa ya ardía. Sin embargo era solo el inicio, el 16 de septiembre del año pasado otro oficio reservado de la Contraloría del Ejército remeció al alto mando. Según el general Luis Chamarro, desde 2011 unas 124 facturas de la empresa Raúl Fuentes Quintanilla fueron pagadas por el Ejército pese a no estar autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos. Eran facturas falsas. En total, los desembolsos ascendían a otros 555 millones de pesos provenientes de la Ley Reservada del Cobre entregados irregularmente a un privado.

A los pocos días la situación empeoró. La subsecretaría de las Fuerzas Armadas informó en el oficio 4069 a la VI Fiscalía Militar que las facturas pagadas a la empresa Raúl Fuentes Quintanilla con fondos de la Ley Reservada del Cobre superaban en realidad los 1.400 millones de pesos. El ministerio de Defensa, encabezado entonces por Jorge Burgos, no estaba entonces en condiciones de saber cuáles operaciones eran lícitas y cuáles no. El caos era total. En octubre, sin que el parlamento o la Contraloría General de la República lo supieran, el fiscal interno del Ejército Eduardo Weisser detectó las primeras operaciones fraudulentas realizadas a través de Inversiones Capellán. Eran 23 millones de pesos facturados en 2011 en un inicio.

Semanas después un informe contable de Investigaciones, firmado por la perito Leonor Ortiz, encontró problemas en facturas por 2.200 millones de pesos de Frasim y de Raúl Fuentes Quintanilla. Era el inicio del desbande. También de una mayor cooperación entre la fiscal militar Paola Jofré y la fiscal civil Ximena Chong, quien indaga los delitos cometidos por los civiles. En diciembre, el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, informó al ministro de Defensa, Jorge Burgos, hoy titular de Interior, que la situación era peor de lo imaginado en un oficio de 20 páginas. En ese documento, Oviedo admitió a Burgos que tres proveedores de su institución habían cobrado facturas que ni siquiera estaban autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos. Otras facturas correspondían a empresas con término de giro o con denuncias por suplantación o pérdida de documentos.

En total eran cientos de documentos con “observaciones”, pagados con la Ley Reservada del Cobre. Una danza de millones, aún sin resolver.

EL DESTINO DE LOS FONDOS Las hojas de vida institucionales de todos los oficiales involucrados en los casos son intachables, todos con calificaciones sobre 6,0, como revisó The Clinic. Sus sueldos líquidos superan además los dos millones de pesos, como muestran sus liquidaciones. En el caso del cabo Cruz su estipendio superaba los 550.000 pesos antes de su detención. No obstante, los últimos tres años, Cruz registra viajes a México y Cuba. Clovis Montero, en tanto, a Colombia y Estados Unidos, según Extranjería. Montero mantenía además un minimarket en una estación de servicio Copec que le rentaba un millón y medio de pesos mensuales, según su declaración. Cruz, en tanto, era un aficionado al juego en el casino Monticello, donde en junio de 2013 ganó 36 millones en una máquina tragamonedas, monto que cobró con un cheque del Banco Itau. “Iba una o dos veces por semana a jugar”, aseguró el cabo a la fiscal Jofré. Pero no era toda la verdad, un informe emitido por el propio Monticello reveló que Cruz era un cliente Platinum que algunos meses iba a diario al casino, donde gastaba millones mensualmente. Unos 140 de millones los últimos años, según Monticello (ver documento).

LA DANZA DE LOS MILLONES ¿Cómo fue posible que miles de millones de pesos desaparecieran de las arcas del Ejército y terminaran en un casino de juegos? Varios testimonios indican que hace tres años los funcionarios del Comando de Apoyo a la Fuerza recibieron de sus superiores la instrucción de no revisar más las facturas, sino de simplemente tramitarlas, como admitieron varios testigos a la Justicia Militar. El problema de fondo no es solo la millonaria defraudación fiscal, probablemente la mayor en democracia, sino la absoluta falta de control ciudadano sobre la compra de armamentos, a través de la Ley Reservada del Cobre, impuesta en dictadura. Esta norma, de hecho, establece que un diez por ciento de las ventas de Codelco deben ir a la compra de armas, con un piso de 150 millones de dólares. Los recursos deben ser gastados en partes iguales entre las tres ramas de la Defensa, bajo estricta reserva.

Por ello, la mayoría de la población ignora que pese a gastar unos 600 a 900 millones de dólares anuales en los últimos gobiernos, las Fuerzas Armadas poseen un excedente de unos 4.500 millones de dólares sin gastar que las autoridades no pueden destinar a proyectos sociales. Hasta 2025, Chile destinará otros 700 a 900 millones de dólares anuales a la compra de armas, unos 5.000 a 6.000 millones de pesos al cambio actual. A ese monto hay que agregar otros 500 millones de dólares para adquisición de municiones. Es decir, unos 5.500 millones de dólares en cada período presidencial, en promedio. Con esos fondos se podría financiar completamente la reforma educacional o construir 20 hospitales, totalmente equipados. También construir 300 mil viviendas de 1000 UF para familias de bajos recursos en dos gobiernos, acabando con los campamentos en el país.

Las nuevas adquisiciones, por cierto, se suman a los 9.136 millones de dólares gastados ya entre 1990 y 2012, que permitieron adquirir cazabombarderos F-16, submarinos Scorpene y cientos de tanques Leopard, entre otros equipamientos de guerra. Hacia el futuro, los planes de compras de armas buscan mejorar la movilidad y la capacidad de fuego de las distintas ramas de la Defensa, sobre todo tras las enormes fallas operativas de las fuerzas armadas ante el terremoto de 2010.

Por ello, la idea es adquirir una fuerza acorazada de brigadas de alta movilidad, sumar fragatas con especificidad antiaérea, ampliar la fuerza de submarinos Scorpene y adquirir buques multipropósito con helicópteros. También, por cierto, modernizar los cazabombarderos F-16 y dotarlos de munición inteligente, además de comprar aeronaves para reabastecimiento en vuelo.

No obstante, esas millonarias adquisiciones aparecen ensombrecidas hoy por el fuego enemigo de la corrupción militar, además de la falta de control absoluta del poder civil sobre los montos y procedimientos para la compra de armas cuando ya transcurrieron 25 años del inicio de la democracia.

REVISE LOS DOCUMENTOS:

DOCUMENTOS 01

DOCUMENTOS 02

DOCUMENTOS 03

DOCUMENTOS 04

La historia del cabo que gastó más de dos mil millones en el Monticello. 

Claudio Pizarro y Mauricio Weibel

Entre 2008 y 2014, el cabo Juan Carlos Cruz gastó miles de millones en máquinas tragamonedas con dineros provenientes de los Fondos Reservados del Cobre. Se compró un caballo fina sangre, viajó a Cuba con su familia y enchuló a su pareja. Una vez detenido, habilitó un gimnasio al interior del penal Cordillera, a vista y paciencia de los generales del Ejército. En un interrogatorio, luego de caer en desgracia, sostuvo: “Le perdí sentido al dinero”.

Fue hace tan poco y el cabo Juan Carlos Cruz parece no recordar nada. En menos de seis años gastó 2.368 millones de pesos en el casino Monticello y ante el comisario Guillermo Castro de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, algo nervioso y desmemoriado, solo atinó a responder: “Le perdí sentido al dinero”. En su declaración, realizada a mediados de abril de este año, Cruz reconoció que comenzó a visitar el casino el año 2008, apostando entre 50 y 100 mil pesos. Un informe de la casa de juegos, entregado a la Fiscalía Militar, sin embargo, asegura que los montos fueron aumentando de manera exponencial con los años.

Sólo entre julio y octubre de 2013, el cabo Cruz, funcionario del Departamento de Planificación Financiera del Ejército, con un sueldo en ese entonces de 560 mil pesos, gastó más de 637 millones de pesos en el casino. La evidencia ablandó a Cruz al ser interrogado por la policía civil. Aunque afirmó que no podía dimensionar la totalidad de sus gastos, reconoció que cuando asistía a apostar en los tragamonedas desembolsaba entre 500 mil y 60 millones de pesos.

Cruz, sin embargo, no entró en mayores detalles. Aseguró en sus declaraciones que el dinero jugado en el casino provino de su sueldo, de una distribuidora de gas de su propiedad, de la venta de automóviles y del cupo de sus tarjetas de crédito. “Perdí la dimensión de la cantidad de dinero que aposté”, resumió. Cuando le preguntaron si los dineros utilizados en el casino provenían de la ley Reservada del Cobre respondió que no. Aseguró que solo se quedó con 15 millones de una comisión pagada por las facturas del proveedor Francisco Huincahue, dueño de la empresa Frasim. En el Monticello reconocieron que debido a los altos montos apostados en el casino, le otorgaron el estatus de cliente Platinum y que en el año 2013 le regalaron ocho noches de cortesía para él y una acompañante.

Cruz admitió a la justicia que en el casino contaba con el beneficio de estacionamiento liberado, comida gratis en el restorán Capataz e incluso acceso a una dispensadora. “Podía servirme una bebida gratis”, detalló. El militar siempre acudía al casino con su pareja, Elizabeth Vega, quien también gastó grandes sumas de dinero en el Monticello. Según registros de la empresa, la mujer desembolsó 368 millones de pesos. Ambos, entre el año 2008 y 2014, gastaron 2.736 millones de pesos, equivalente a la dieta de 270 parlamentarios. Pero no todo fue despilfarro. En el año 2013, el cabo Cruz acudió 127 días al casino y obtuvo también millonarios premios. En junio, por ejemplo, ganó 36 millones en el tragamonedas, en una sola noche.

Fue tanta su felicidad que luego de cobrar el millonario premio con un cheque del Banco Itau, partió a celebrar al Club Hípico de Santiago. Allí almorzó con sus amigos del Comando de Apoyo a la Fuerza del Ejército, el equipo que revisaba los pagos con los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre. Aquella vez, según comentó el mismo Cruz en su declaración, pasó casualmente por el lugar el Coronel Carlos Palacios y fue testigo de los festejos con pisco sour en el casino. El cabo, en medio de la celebración, le comentó a su superior que usaría el dinero para pagar su casa y cambiar su auto.

“Bien enchulá” Juan Carlos Cruz Valverde se crío en Curacautín. Allá creció junto a su abuela materna, Corina, y otros dos primos, luego que sus padres se separaron. Su madre, que trabajaba en Santiago, solía visitarlo los fines de semana y su padre dejó de verlo cuando era niño. Sus familiares lo recuerdan como una persona “tranquila, respetuosa, quitada de bulla”. Nada hacía presagiar, entonces, que el futuro de Juan Carlos estuviera en el Ejército. A los 18 años, sin embargo, decidió ingresar a las fuerzas armadas. Luego del proceso de instrucción, se especializó en finanzas e ingresó al Departamento de Planificación Financiera del Ejército. En su hoja de vida hay varias felicitaciones donde destacan sus habilidades. En diciembre de 2008 un superior valora su excelente desempeño en la elaboración del “informe de saldos de los decretos supremos de la ley del cobre”.

“Es felicitado por su grado de interés y dedicación en sus labores administrativas (…) manteniendo un permanente control de los recursos y asesorías en las áreas propias de su competencia”, destacaron sus superiores al año siguiente. No está claro cuando Cruz conoció a Elizabeth Vega, su pareja, pero sí que con ella formó una familia luego del nacimiento de su primer hijo. Juntos compraron una vivienda en un condominio de San Bernardo y el cabo Cruz se mantuvo en el domicilio hasta antes de ser detenido.

Su familia más cercana, transmitió desde entonces, que el cabo del Ejército había sido trasladado a Coyhaique. “Supimos que estaba arreglando un problema que tenía, que estaba castigado, que lo habían mandado para allá y que regresaría en un año más”, recuerda un familiar. Fueron pocos los que sospecharon de los pasos de Cruz. Salvo sus extravagantes gastos en el casino, lo único que llamaba la atención eran sus autos y los viajes que realizó al extranjero. Entre el 14 y el 22 de febrero de 2013 vacacionó en México. Al verano siguiente en Cuba, con toda la familia, sin restricciones, como quedó consignado en el expediente judicial.

Respecto al financiamiento de los siete millones que le costó este último viaje sostuvo que lo hizo con cheques facilitados por Danilo Alarcón, un compañero de trabajo en la Dirección de Finanzas del Ejército. Otro aspecto no menos llamativo es que, según detalla un cercano, habría costeado algunas operaciones a su pareja. “Le arregló la nariz y le puso pechugas, la enchuló bien enchulá”. Pese al nivel de gastos del cabo Cruz, el dinero por la pensión alimenticia de su segunda hija, fruto de una relación pasajera con una familiar de un primo, no se vio alterado. “No dejó de mandar las 100 lucas de siempre”, cuentan.

El cojo y el barco. El mismo año en que Cruz gastó más de mil millones de pesos en el casino, el 2013, el teniente coronel Gerardo Ruiz firmó un informe en que catalogó al cabo con un destacado 6,05. “Clase serio, deferente”, escribió el oficial. “Debe mejorar la responsabilidad”, matizó luego.

El desborde del suboficial, al parecer, aún no era detectado por parte de alguno de sus superiores. Otros, sin embargo, pareciera que estaban al tanto de las andanzas del cabo del Ejército. Al menos así lo indica algunos de los whatsapp requisados del celular de Cruz. “Sólo te pido que me cuides la espalda”, escribió en 2014 a un compañero de trabajo que identificó en su teléfono como el sargento Meléndez.Ese mismo año, según la declaración judicial del coronel Clovis Montero, el otro detenido en el caso, el cabo Cruz comenzó a preocuparse del rumbo que tomaban las cosas. El 31 de marzo, según el oficial, recibió varias llamadas telefónicas de Cruz cuando participaba en una reunión de directorio en el Club Providencia. Al rato habría llegado el cabo, comentándole que “se había destapado el caso de las facturas”.

Al explicar el inicio de las defraudaciones, Montero aseguró a la Justicia que Cruz le indicó que los fondos defraudados eran para el jefe de la División de Mantenimiento del Ejército, el general Héctor Ureta. El general y Cruz desmienten esta versión. No obstante, tras ser descubierta la operación, Montero contactó al dueño de Frasim, Francisco Huincahue, y le pidió que devolviera el último pago efectuado, correspondiente a 53 millones de pesos. Huincahue devolvió el monto en un vale vista a Montero y este se lo entregó al tesorero del Ejército, el coronel Samuel Poblete, en los estacionamientos del edificio Bicentenario.

“Uff, con el poto a dos manos Pitroko, no sé qué va a pasar”, escribió Juan Carlos Cruz a un colega a través de whatsapp en mayo de 2014.

Cuatro meses antes, también a través de mensaje de texto, Cruz dejó otra evidencia en un mensaje a otro compañero. “Oye weas llama al cojo para que te traiga hoy el barco”. Al ser consultado por el sentido del texto, Cruz explicó a la PDI que “el cojo” era Montero y “el barco” un encargo. No entró en mayores detalles. Durante la investigación, Cruz reveló algunas fallas en el sistema de finanzas del Ejército. Dijo que en su unidad la consulta de proveedores del Ejército estaba disponible en una plataforma de libre acceso, al momento de aprobar el pago de una factura, pero que el equipo que permitía ingresar a internet era lento, por lo que la gente no verificaba los datos.

Además, aseguró que el general Salas habría ordenado a los funcionarios del Comando de Apoyo a la Fuerza no revisar las facturas sino “solamente devengarlas y tramitarlas a Tesorería”. Este relato es respaldado judicialmente por otros miembros del CAF, el órgano encargado de aprobar administrativamente los gastos con fondos reservados del cobre. Las preguntas, entonces, resultan evidentes: ¿Los controles del Ejército fallaron sistemáticamente o el cabo Cruz pertenecía a una red más amplía de corrupción que ignoró las evidencias? ¿Cómo a nadie se le ocurrió que era difícil que un suboficial con ese salario pudiera acudir casi a diario al casino o comprarse un caballo fina sangre?

Las razones para sospechar son muchas. De hecho, el militar sigue teniendo regalías al interior de su institución, pese a todas las pruebas en su contra, incluida su propia confesión en el caso. Por ejemplo, el cabo logró ahora que sus superiores lo autorizaran a instalar un pequeño gimnasio en la cabaña prisión donde espera el resultado del proceso en su contra que encabeza la fiscal Paola Jofré en la VI Fiscalía Militar. Gracias a este beneficio, el uniformado combate el tedio y el sobrepeso con una trotadora, una elíptica y una máquina de ejercicio multiuso. Allí corre y comparte con sus compañeros en la exclusiva cárcel precordillerana. Solo mantiene distancias con el coronel Clovis Montero, con quien lo separan hondas diferencias, además de versiones encontradas ante la Justicia Militar. Pese a estar ubicados en el mismo recinto, no cruzan palabras.

La caída. No todo fue derroche en la vida de Cruz. Los últimos días, antes de ser detenido, fueron bastante febriles y cargados de angustia. Los intercambios de whatsapp con su pareja fueron elocuentes. “Necesitamos dinero”, le escribió Elizabeth Vega en mayo de 2014. “Necesitamos vender los autos rápido”, le respondió Cruz más tarde. Cuesta creer que el infinito derroche de la pareja terminara en una angustia económica sin resolver. Pero todo indica que así fue. “Así son las vueltas de la vida”, escribió incluso el militar a su pareja cuando las salidas se cerraban. “Así, no más”, le respondió ella por mensajería. El cabo Cruz, a escasas semanas de irse a la capacha, resentía cada vez más seguido que ya no tenía ni siquiera efectivo. Atrás quedaron las noches en el Monticello, las comidas en el Club Hípico y los viajes con su pareja a Cuba. Cruz, aunque parezca increíble, apenas disponía de algunos pesos para desplazarse por la ciudad. “Después de ser cabeza de león, ahora soy cola de ratón”, se lamentaba.

A tanto llegó su desesperación que hasta le pidió plata a uno de sus jefes. “Puta, jefe, perdón que lo moleste pero no me puede adelantar algo, lo necesito de verdad, hoy fui donde mi abogado y le pasé todo mi sueldo. Imagínese me quedé con 20 lucas, por fa jefe lo que pueda”, escribió el 20 de mayo.

Días después, con los primeros informes judiciales en marcha, las preocupaciones surgieron más nítidas. “Quisiera a veces que fueras distinto y no me decepcionaras tanto”, le escribió Elizabeth Vega.

“Yo trato de cambiar, de verdad que trato, y te doy gracias por apoyarme y quererme aunque sea tan condoro”, le respondió Cruz. Los intercambios no paran. La desesperación se hace insostenible. Cruz le escribe Elizabeth unos días antes de ser detenido: “Sólo le pido a diosito que esta weá termine pronto”.