¿El
mayor robo de piezas arqueológicas
de la historia de Chile?
El patrimonio es el legado de nuestros ancestros, la unión de las actuales generaciones con su pasado. Es lo
que nos da una identidad particular como grupo étnico o como nación.
Según la Ley Nº 17.288 de
Monumentos Nacionales, son monumentos nacionales y quedan bajo la tuición y
protección del Estado los lugares, ruinas, construcciones u objetos de carácter
histórico o artístico; las piezas u objetos antropo-arqueológicos,
paleontológicos o de formación natural, y cuya conservación interesa a la
historia, al arte o a la ciencia. Su tuición y protección se ejercerá por medio
del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), en la forma que determina la
presente ley.
En este contexto y bajo esta
normativa, en 2004, Minera Los Pelambres, propiedad en un 60% de Antofagasta
Minerals, brazo minero del Grupo Luksic, presentó al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental el “Proyecto Integral
de Desarrollo”, que contemplaba, entre otros, la construcción de un mega
tranque de relaves en el fundo El Mauro, Provincia del Choapa, comuna de Los
Vilos, Región de Coquimbo.
El proyecto fue aprobado por
la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) mediante Resolución de
Calificación Ambiental (RCA) Nº 03 8 de abril de 2004, poniendo como una de sus
condiciones que, con antelación, Pelambres debía construir un parque rupestre
en Monte Aranda, al que serían trasladadas todas las piezas y materiales
arqueológicos que se sacaran del fundo El Mauro. Así consta en la página 10 de
la mencionada resolución 038, bajo el subtítulo “Respecto del patrimonio
cultural”.
En julio de 2004, con permiso
de la empresa, visité el fundo El Mauro con el objeto de hacer una propuesta de
proyecto de investigación en mi especialidad: la arqueoastronomía. Recorrimos
el sitio, siguiendo las indicaciones del estudio arqueológico realizado por el
arqueólogo Gastón Castillo, que declaraba la existencia de un centenar de
petroglifos y más de medio centenar de sitios arqueológicos. En 10 minutos de
recorrido descubrimos 10 petroglifos que no estaban en el informe, lo que dadas
las características del sitio, auguraba la existencia de decenas o cientos de
petroglifos más. También descubrimos sitios no declarados en el informe.
Realizada la denuncia al
Consejo de Monumentos, este rechazó el informe, como indica el acta del CMN de
6 de octubre 2004 (página 18) . El CMN exigió un nuevo estudio, pero el
proyecto ya estaba aprobado por la resolución 038 de la Corema (RCA Nº 038). En
2005 se inició el nuevo estudio del sitio, esta vez con la participación de
cien arqueólogos, 150 estudiantes de arqueología y con un costo de US$ 5
millones. En solo dos meses se “descubrieron”, excavaron y removieron de su
emplazamiento original 148 sitios arqueológicos, conteniendo toneladas de
piezas arqueológicas y 500 rocas, que contenían alrededor de 2000 petroglifos.
El país nunca fue informado de
este “mega proyecto arqueológico”. Según la RCA 038, Pelambres tenía que
publicar un libro, folletos y otros elementos de difusión, que nunca realizó.
La minera nunca entregó los informes del trabajo realizado y el Consejo de
Monumentos nunca fiscalizó el trabajo, como lo señala la ley. Esto dos últimos
hechos están acreditados en el informe de la Contraloría del 30 de mayo de 2012.
La participación de un centenar de arqueólogos en un proyecto tan importante
debió generar un número similar de artículos científicos, exposiciones, libros,
etc. Sin embargo, no hay nada de eso. ¿La razón?, el proyecto fue mal
ejecutado. Así en lugar de ser un triunfo de la arqueología, es hoy el maloliente
cadáver bajo la alfombra.
Pero de esto no son
responsables todos los arqueólogos participantes, sino solo quienes estaban a
cargo, que nunca entregaron los informes finales y realizaron el trabajo aún
contra lo señalado en la RCA 038, según se desprende del mismo informe de la Contraloría
del 30 de mayo de 2012. Simultáneamente con el desarrollo del nuevo estudio, se
inició la remoción de petroglifos y traslado de piezas arqueológicas, pero sin
haber construido el parque rupestre de Monte Aranda, único destino autorizado
por la RCA 038 tanto para los petroglifos como para las piezas arqueológicas. Desde
2005 a 2011 solicitamos reiteradamente, por medio de la Ley de Transparencia,
copia de los informes técnicos. El CMN se negó siempre a entregar los informes,
violando lo dispuesto en la Ley de Acceso a Información Pública.
Quien sí acogió algunas de
nuestras peticiones fue la Contraloría General de la República, que en 2006
emitió el Informe Nº 19, que entre otras cosas señalaba que la minera Los
Pelambres había recortado informes de la arqueóloga Dra. Andrea Seelenfreund,
los que señalaban la pérdida patrimonial en caso de realizar el proyecto en ese
lugar. Esto, dejó al descubierto la discrepancia entre los sitios declarados
por la empresa, para la aprobación del proyecto y los posteriormente
descubiertos. Pero también quedó establecido que el profesor de historia
Gonzalo Ampuero, miembro de la DIBAM, miembro del Museo de la Serena y
Visitador Regional del Consejo de Monumentos, aprobó el proyecto y que el CMN
solo ratificó esta aprobación sin tener copia del informe, que nunca le fue
remitida por el Sr. Ampuero, lo cual es ilegal.
Habiendo solicitado
reiteradamente investigar el tema, la Contraloría emitió finalmente el 23 de
agosto de 2010, el informe de un sumario administrativo que sanciona en resumen
lo siguiente:
Tres miembros de la DIBAM
trabajaron de manera ilegal para Minera Los Pelambres en los estudios de
Impacto Ambiental:
1.-
Cristian Becker, arqueólogo del Museo de Historia Natural de Santiago.
2.-
Gastón Castillo, arqueólogo del Museo de La Serena.
3.-
Gonzalo Ampuero, profesor de historia, funcionario del Museo de La Serena.
Este último en su calidad de
Secretario Ejecutivo del Consejo Regional del Consejo de Monumentos Nacionales
aprobó el proyecto de Los Pelambres en el cual él participó, contraviniendo las
disposiciones legales. De los tres, solo Cristian Becker fue sancionado. Antes
de la resolución sancionatoria Gastón Castillo renunció a su cargo y Gonzalo Ampuero
se acogió a jubilación. La Contraloría también sancionó a Nivia Palma
Manríquez, en su calidad de directora de la Dirección de Bibliotecas, Archivos
y Museos (DIBAM) y de vicepresidenta del Consejo de Monumentos Nacionales, por
no tomar medidas que impidieran estas situaciones, a pesar de conocer los
ilícitos.
La DIBAM se ha negado durante
años a investigar lo ocurrido en El Mauro, a pesar de estas sanciones. Esto
contradice lo que la actual directora de la DIBAM ha señalado en medios de
prensa al respecto. Tras innumerables cartas a la Contraloría, entregando
antecedentes concretos y solicitando investigar, este organismo me envió copia
de informe DAA Nº 656/12 de fecha 30 de mayo de 2012, de Contraloría Regional
de Coquimbo . Este documento deja clara la absoluta negligencia del Consejo de
Monumentos y el proceder ilegal tanto de la empresa como de los arqueólogos a
cargo.
En un párrafo el informe dice
textualmente: “En el mismo orden de
importancia, al solicitar un mapa actualizado de los sitios y la ubicación que
tenía cada bloque, ya sea rescatado o por rescatar, al Consejo de Monumentos
Nacionales, éste mediante el oficio Nº 2.988, de 10 de junio de 2011, señaló
que no cuenta con un plano actualizado que indique la cantidad de sitios
rescatados, indicando que dicha
información será solicitada a Minera Los Pelambres”.
De los 148 sitios declarados
en el Informe Nº 19 de 2006, actualmente existe información parcial de sólo 40,
ignorándose toda información de los 108 sitios restantes, es decir toneladas de
piezas arqueológicas no están documentadas y por lo tanto no se cabe dónde
están actualmente.
Debido a la suma de éstas y
otras irregularidades, la Contraloría exige al CMN realizar un sumario interno,
el que debiera estar en proceso en este momento. Lo que señala la Contraloría
es de tal gravedad que le hemos solicitado a esa misma entidad, al Ministerio
de Medio Ambiente y al Consejo de Defensa del Estado, investigar el posible
robo y posible tráfico de piezas arqueológicas.
Esto es de extraordinaria
gravedad, por cuanto este proyecto estaba bajo el control del CMN con un equipo
de arqueólogos a cargo, el que tendrían parte de la responsabilidad, pues aún
cuando no se hubieren apropiado de piezas arqueológicas, permitieron que éstas
quedaran en bodegas, sin supervisión y no entregaron catastro detallado, ni
informe final (ver fotos 1, 2, 3 y 4). Por otra parte, los miembros de la
empresa Gestión Ambiental Consultores (GAC), que realizó el estudio del
Proyecto El Mauro, y que como hemos visto violó la ley, pasaron a hacerse cargo
del actual Ministerio del Medio Ambiente. Según se ha informado en medios de
prensa, los miembros de GAC que ahora están en el gobierno son:
- María Ignacia Benítez: ministra de Medio
Ambiente, ex gerenta de Proyectos de GAC.
- Ricardo Katz: dueño y gerente general de
GAC, representa a los centros académicos independientes en el consejo
consultivo del Ministerio de Medio Ambiente.
- Leonel Sierralta Jara: jefe del
Departamento de Recursos Naturales.
- Ignacio Toro: director ejecutivo del
Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
- Claudia Rivera: directora Conama Coquimbo.
En carta del 20 de junio de
2012, le hemos solicitado al Ministerio de Medio Ambiente, investigar estas
denuncias. También solicitamos la inhabilidad de la Ministra María Ignacia
Benítez, por haber sido parte de la empresa GAC.
Nadie está en contra de la
minería o del desarrollo, pero tienen que hacerse respetando la ley y
haciéndose cargo de los efectos negativos sobre el patrimonio natural,
ambiental y la calidad de vida de sus habitantes. Si no se modifica esta forma
ilegal de proceder, un negro panorama le espera a las futuras generaciones.
Bastaría que la Contraloría,
el Consejo de Defensa del Estado, los otros órganos del Estado competentes y la
justicia, investigaran a fondo, para así detener el avance de esta grave
enfermedad que afecta al país y que podría llegar a ser terminal.
Toda la información expuesta
está basada en informes de Contraloría y otros organismos públicos. Si en algún
caso se ha cometido un error y éste es demostrado con documentos, estamos
dispuestos a ofrecer las disculpas públicas correspondientes.
Mientras los antecedentes no
sean presentados a la Contraloría, tenemos derecho a pedir que se investiguen
estas irregularidades y se sancione a los responsables.
Las fotografías siguientes
muestran el estado de los petroglifos en El Mauro, a julio de 2012, con embalajes
abiertos, cajas vacías cuyos petroglifos podrían haber sido robados y trozos de
petroglifos. Un tratamiento indigno e ilegal para el patrimonio nacional.
¿Cómo es posible que esto
pase, en un país con una legislación que lo prohíbe?, la respuesta es bastante
simple.
(*) Fotógrafo e investigador
en arqueoastronomía. Diplomado UC en Conservación y Restauración del
Patrimonio.
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