Servicio
de Salud tendrá que pagar a familia contaminada
Una indemnización por daño
moral por 40 millones de pesos deberá pagar el Servicio de Salud a una familia
ariqueña que vivió en el sector de Cerro Chuño. Así lo resolvió la Corte Suprema,
por la falta de resguardo de un acopio de minerales, que provocó contaminación
de los sectores aledaños y afectó la salud de los vecinos.
El fallo de la Tercera Sala
del máximo tribunal, integrada por los ministros Héctor Carreño, Pedro Pierry y
Rosa Egnem; además de los abogados integrantes Jorge Baraona y Luis Bates,
determinó que el Servicio de Salud de Arica debe pagar 10 millones de pesos a
cada uno de los cuatro demandantes, por su responsabilidad en la falta de
servicio al acopiar residuos mineros tóxicos en el Cerro Chuño.
Dicha decisión fue tomada por
el máximo tribunal, que acogió la demanda de indemnización presentada por la
familia compuesta por Débora Parra Vargas, Claudio Fernández Farfán y sus dos
hijos I. F.P (14) y B. R. P (16). En
tanto, Claudio Fernández, (padre de la familia) manifestó no sentirse conforme
con el fallo. "Nosotros fuimos los primeros que llegamos a la Corte
Suprema. Esto es un chiste para mí, una burla. Nosotros tenemos a los dos niños
contaminados sobre la norma. Uno tiene 10 de plomo y el otro 38 de
arsénico", planteó. Mediante un comunicado de
Prensa, el Servicio de Salud de Arica señaló que se encuentran a la espera de
la comunicación formal por parte del Consejo de Defensa del Estado. "Este
Servicio viene en informar que, como es su costumbre, acata y no comenta los
fallos judiciales, respetando la autonomía de los tribunales", declaró. J
¿Qué
dice el fallo de la Corte Suprema?
El fallo de la Corte Suprema
señala que la falta de servicio al acopiar residuos mineros tóxicos en el Cerro
Chuño, provocó contaminación de los sectores aledaños y afectó la salud de los
vecinos. "Tales elementos permiten
a estos sentenciadores llegar a la convicción de que el Servicio de Salud de
Arica efectivamente incurrió en la falta de servicio que se le reprocha por
parte de los demandantes, pues, como ha quedado demostrado, colocó importantes
cantidades de residuos minerales tóxicos" dice el fallo.
También señala que la
Población Cerro Chuño fue entregada en conjunto con otras viviendas entre los
años 1992 y 1995, mientras que el traslado de los materiales de que se trata se
efectuó en 1998.
"Lo anterior supone que
la autoridad, en pleno conocimiento de la existencia en las inmediaciones de
Quebrada Encantada de un centro poblacional, decidió sin embargo asumir el
riesgo de asentar en ese lugar importantes cantidades de elementos peligrosos
para la salud humana, conducta que no puede ser calificada sino de riesgosa,
además, no existía circunstancia alguna que limitara sus opciones para elegir
otro sitio de disposición de tales residuos, habiendo podido utilizar para este
fin uno más alejado", sostiene el fallo.
La resolución agrega: Se pudo
demostrar la existencia de un daño en la persona de todos y cada uno de los
demandantes, constituido por la existencia de plomo y arsénico en sus cuerpos,
y, además, que el servicio demandado depositó residuos minerales tóxicos a
escasos metros del que fuera su lugar de residencia durante dos años.
Caso
Arica: contaminación por plomo
Pasaron varios años antes de
que los vecinos del sector los Industriales y cerro Chuño de Arica se enteraran
que estaban conviviendo con un foco de contaminación que ya venía evidenciando
alteraciones a la salud, particularmente a los niños. Las quince mil personas
de las poblaciones Los Laureles, El Solar, El Amanecer, San Valentín, Santiago
Arata Gandolfo, Industriales I y Villa Puerta Norte, entre otras, nunca se
imaginaron el costo que tendrían que pagar por el sueño y esfuerzo de muchos
años: su casa propia.
El Servicio de Vivienda y
Urbanismo construyó sus viviendas en un sector donde antes existió un basural y
muy cercano a un acopio de minerales abandonado por la empresa Procesadora
Metalúrgica Ltda.(Promel), de esa ciudad. La casa más próxima se encuentra a
treinta metros. Nadie les advirtió sobre el peligro que significa respirar el
polvo arrastrado por el viento desde el lugar de acopio.
Historia
de un envenenamiento.
Entre los años 1984 y 1989
ingresaron al puerto de Arica diecinueve mil toneladas de desechos tóxicos,
metales pesados en polvo y compactados, de la empresa Sueca Boliden Metall.
Fueron autorizados por el Ministerio de Salud bajo el rótulo "Barros con
Contenido de Minerales".
Promel de Arica, ingresa los
desechos al país informando al Servicio de Salud que serían reprocesados para
recuperar oro y plata, que estarían presentes en un alto porcentaje en el
material. El informe además planteaba que "estos materiales no son tóxicos
y pueden ser manipulados por cualquier persona". Los servicios competentes
no hicieron análisis de los "Barros con Contenido de Minerales" y
autorizaron su ingreso.
El material fue retenido
algunos meses en aduana por no pago de los derechos de internación.
Posteriormente, fueron trasladados por este servicio a terrenos que Promel
tenía en arriendo al fisco, y quedaron en ese lugar en custodia de Aduanas, sin
ningún cuidado, hasta marzo del presente año. Con el apoyo del Servicio de Paz
y Justicia (Serpaj) Arica, los pobladores de Cerro Chuño y los Industriales,
realizaron durante 1997 un diagnóstico ambiental comunitario. Identificaron los
ocho problemas ambientales más importantes. El más preocupante era el polvo de
desechos mineros abandonados por Promel que durante catorce años, arrastrado
por el viento, se asociaba con algunas afecciones a la salud que sufre la
población: irritabilidad, neurosis, estrés, alergias, conjuntivitis, pérdida de
memoria, cansancio, fatiga, anemia y dolor a los huesos. Serpaj y los vecinos a
mediados del año 1997 pidieron la realización de análisis al Departamento de
Química de la Universidad de Tarapacá (UTA). Los resultados dejan al
descubierto la gravedad de la situación. "... se observa la existencia de
cuatro minerales altamente tóxicos: cadmio, plomo, arsénico y cobre en
concentraciones elevadas..." Un estudio posterior de Sernageomin
estableció valores promedio de 10% de arsénico, 4,4% de plomo, 2,1 % de zinc,
1,5% de cobre y confirmó la presencia de mercurio, antimonio, bismuto y estaño.
El
conflicto
La confirmación del contenido
tóxico de los desechos mineros abandonados activó un conflicto por mucho tiempo
latente. La denuncia y movilización de los afectados obligó al Servicio de
Salud a la realización de un primer análisis de sangre y orina a una muestra de
veinte niños. Los resultados indicaron que el 50% de los exámenes en el caso
del plomo estaba sobre 10 ug/100ml (10 microgramos por cada 100 ml de sangre).
El Ministerio de Salud y Seguridad Social de EE.UU considera que los niños
tienen un nivel de plomo elevado en la sangre si ésta contiene 10ug/100ml. En
el caso de la Unión Europea el nivel máximo permitido es de 3 a 4 ug/100ml.
La situación anterior
determinó que se ampliaran los análisis para tener un diagnóstico más acabado
de la situación. De acuerdo con estimaciones del Instituto de Salud Pública, se
deberían hacer a lo menos ochocientas muestras. La presión de los vecinos se
dirigía a erradicar el foco de contaminación, que se hiciera un diagnóstico
involucrando el total de los afectados, que se tomaran medidas inmediatas con
los casos más comprometidos y un seguimiento a largo plazo para toda la
población por los daños irreversibles causados por el plomo.
Después de varias semanas,
tanto por la presión de los pobladores como por recomendación de los servicios
especializados, la autoridad resolvió trasladar el material tóxico a un lugar
llamado Quebrada Encantada, a dos kilómetros de la comunidad. Nuevamente, un
gran error se trata de subsanar con otra secuencia de errores. No se hizo un
estudio de impacto ambiental para el nuevo lugar de almacenamiento, tampoco
para la remoción y traslado, como la normativa ambiental obliga a hacerlo. No
suficiente con esto, el sector donde estuvieron catorce años los desechos fue
cubierto con tierra sacada del entorno del mismo lugar, dejando debajo todos
los restos y la capa de suelo contaminada, convirtiendo el lugar en un
vertedero de desechos tóxicos sin ningún manejo y sin haber hecho ningún
estudio del suelo para determinar qué era lo más indicado.
Los
responsables que no se ven
Boliden Metall, la empresa que
envió los desechos a Chile desde abril del año pasado, es parte de Boliden
Limited con su oficina principal en Toronto, Canadá. Boliden es una compañía
minero metalúrgica sueca, controlada en un 45% por el grupo Trelleborg, con
cuatro minas en Suecia, una en Arabia Saudita y una en España. Boliden ya
acumula una significativa lista de desastres ambientales en los que se cuentan
dos accidentes en su país, uno de ellos contaminó el lago Asajure; otro en la
India y el reciente desastre en España por el derramamiento de cinco millones
de metros cúbicos de agua caída en el río Guadiamar cerca del parque natural de
Doñana, en Andalucía. A esta lista hay que agregar el tráfico de desechos
tóxicos a Chile, responsable del daño a la salud de muchas personas y el
ambiente de Arica.
Hay responsabilidades de las
empresas comprometidas en el tráfico y luego abandono de los tóxicos. Promel,
la empresa chilena, fue sumariada por el Servicio de Salud: se le fijó una
multa de 24 millones de pesos, lo máximo que permite el Código Sanitario y se
le impuso la obligación de asumir los costos de traslado del material (30
millones aprox.). a otro lugar de almacenamiento. Lo que no está claro es quién
se hace cargo del problema de salud pública, el medio ambiente dañado, el
seguimiento en el largo plazo y los daños irreversibles. Se deben analizar las
responsabilidades compartidas de los servicios del estado involucrados en este
caso: autorizar la internación sin realizar los análisis respectivos; trasladar
el material y disponerlo en un lugar sin ningún control; posterior a esto,
implementar asentamientos humanos sobre un basural, en una zona donde tampoco
se hizo una evaluación ambiental antes de construir las viviendas.
Este caso de tráfico
internacional de desechos tóxicos tuvo lugar en un periodo en que no existían
tratados internacionales que regularan y sancionaran estas actividades, como
son el Convenio de Basilea y el acuerdo de la OECD (Organization for Economic
Cooperation and Development) sobre tránsito transfronterizo de sustancias
peligrosas. En este marco es difícil perseguir las responsabilidades del
gobierno sueco y particularmente a Boliden, que a lo menos obliguen a repatriar
los desechos a Suecia y a hacerse cargo de las reparaciones pertinentes.
El conflicto conocido como
"el plomo de Arica", ha adquirido una dimensión nacional importante
particularmente por la conciencia, organización y capacidad de acción
desarrollada por los afectados directos, es decir, los pobladores.
Impunidad
en la globalización
Los estándares más exigentes
en los países desarrollados han llevado a algunas actividades productivas a
trasladarse a países con exigencias más bajas y a transformarlos en receptores
de sus basuras tóxicas. Chile ha sido blanco de tráfico encubierto en varias
ocasiones. Particularmente, el desierto en la zona norte es un lugar atractivo
por condiciones geográficas y de escasa población. En el actual orden
internacional, los ciudadanos estamos más desprotegidos ante el tráfico
internacional de sustancias peligrosas. Aunque existan tratados internacionales
que lo prohíban, se utilizan resquicios como rotulaciones falsas enmascaradas
como materias primas u otras formas encubiertas. A esto debemos sumar la falta
de regulación y fiscalización que nos hacen más vulnerables.
Cuando un tráfico se descubre
es muy difícil perseguir responsabilidades, debido a la facilidad para
desplazar capitales por el mundo o cambiar de dueño o país de residencia, como
el caso de Boliden ahora en Canadá.
Sin duda, lo extremo de esta
situación lo representa la misma empresa Boliden, que hoy realiza actividades
mineras en Chile. Recientemente adquirió Westmin Resources, propietaria de los
proyectos mineros Lomas Bayas y Cobre Fortuna en la región de Antofagasta, el
primero en explotación y el segundo en etapa de estudio de factibilidad.
También participa de un joint venture con la General Minerals Corporation de EE.UU.,
para la explotación de cobre y molibdeno en el proyecto minero Vizcachitas,
localizado a 125 kms. al noreste de Santiago.
Es sorprendente que su
responsabilidad en el envenenamiento de los niños de Arica no haya sido
condicionante para su instalación en Chile. Ante esta situación y otras que
amenazan la seguridad y salud de las personas y el medio ambiente, se requiere
una mayor coordinación y vigilancia ciudadana en nuestros países y también a
nivel planetario.
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